Opiniones a favor y en contra generó el proyecto de ley que estaría preparando la Superintendencia de Transporte para imponer fuertes sanciones a las plataformas que prestan servicios de movilidad y a sus colaboradores.
Por un lado, José Daniel López, director de Alianz In, asociación que agremia a estas plataformas digitales en Colombia, aseguró que es necesario evitar el efecto devastador que la iniciativa generaría en la movilidad urbana, el trabajo, el emprendimiento digital y la inversión extranjera.
“La imposición de bloqueos y acciones de desconexión a medios de comercio electrónico, sanciones a empleados y multas a usuarios y conductores conllevaría a la inviabilidad de esta industria. Es importante recordar los principios de legalidad, libre empresa y legítima confianza que serían vulnerados por este proyecto”, sostuvo el directivo.
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Adicionalmente, cuestionó lo que según él es una contradicción del actual Gobierno entre lo que anuncia y lo que ejecuta con dicha iniciativa.
“Por un lado, el señor Ministro de Transporte expresa en diferentes medios el compromiso de dar una solución al vacío de reglamentación en el que se encuentran las plataformas digitales. Pero, en contraste, este borrador de proyecto establece una prohibición tajante”, agregó López.
Más de 100 mil colombianos prestan servicios de transporte, a través de las diferentes plataformas digitales que operan en el país, de acuerdo con cifras del 2021 de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, Fedesarrollo.
Por esto, la iniciativa generó gran preocupación en las personas que están afiliadas a estas plataformas.
“Es mi fuente de ingreso principal, me tocaría empezar a buscar trabajo en otros sectores por lo que me golpearía bastante. Además, en cuestión de ciudad, somos una flota muy grande que sacia las necesidades de los caleños todos los días y no hay quien pueda hacerse cargo de todos estos usuarios”, manifestó Carlos Paz, conductor caleño en la aplicación Didi desde hace más de cuatro años.
También hubo molestia en la ciudadanía. “Yo como usuaria tengo el derecho de decidir qué medio de transporte usar; el transporte tradicional muchas veces significa exponerse a que lo roben a uno, o algo peor. La Superintendencia de Transporte no puede exigirnos utilizar el medio que ellos quieran”, expresó Angie Gil.
De acuerdo con la encuesta de Fedesarrollo, si estas plataformas de transporte no operaran en Colombia, el 44 % de los 100 mil conductores estarían desempleados en la actualidad.
Contrario a esto, el gremio de taxistas pidió que el proyecto se presente a la mayor brevedad y que se convierta en ley de la República.
“En Cali y en todo el país se ha venido extendiendo una cultura de la ilegalidad. Esto requiere sanciones fuertes y por eso hemos venido promoviendo un paro nacional, pidiendo estas medidas”, manifestó Jhonny Rangel, vocero de La Mancha Amarilla.
Sin embargo, se estima que 230 mil taxistas usan aplicaciones de este tipo para trabajar.
¿Qué dice el proyecto?
El documento difundido se trata del borrador del proyecto que presentaría la Superintendencia de Transporte ante el Legislativo, por lo que aún podría tener cambios.
Las sanciones más relevantes se dividen en tres categorías. En lo que corresponde a las plataformas digitales, “la Superintendencia de Transporte ordenará a los proveedores y operadores de redes y servicios de internet la desconexión de los medios de comercio electrónico y de las plataformas tecnológicas hasta por 30 días por evento”, expone el documento.
El Ministerio de Transporte manifestó que velará porque el servicio se preste en función de la legalidad y que será el Congreso “quien tenga la última palabra”.
Los conductores afiliados a estas aplicaciones, por su parte, podrían incurrir en la inmovilización de su vehículo por 30 días, si es la primera vez, por 60 días si es encontrado prestando este servicio por segunda vez, y por 90 días en las siguientes ocasiones, además de otras posibles sanciones de tipo monetario.
Y los usuarios de las plataformas no quedarían exentos. “Serán sancionadas con multas de 250 Unidades de Valor Tributario los contratantes del servicio de transporte con personas naturales o jurídicas no autorizadas”, es decir, sanciones de más de $ 10 millones.
Esta iniciativa busca, además de combatir la ilegalidad en el sector transporte, que servicios como el MÍO se vean beneficiados, es decir que la gente retorne al masivo.
¿Con esto acabaría la informalidad?
Jhonny Rangel, vocero de La Mancha Amarilla, dijo que con el proyecto no sería suficiente para controlar la ilegalidad que se vive en las ciudades, por lo que pidió al Ministerio de Transporte que apoye a las ciudades en estas labores.
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Paola Cruz, experta en Tránsito y Transporte, recordó que no solo se trata de combatir el transporte informal de las plataformas digitales, también se deben generar estrategias contra los llamados ‘piratas’.
”Estos servicios son una competencia desleal frente al transporte público y los demás mecanismos debidamente constituidos”, aseveró.