¿Qué implicaciones tiene el hacinamiento en las estaciones de policía de Cali?

Igual que una piedra cuando toca el agua de un lago y crea ondas en la superficie, así el hacinamiento en las estaciones de policía de la ciudad está generando un efecto en la seguridad de la ciudad, por lo que el llamado de las autoridades es a que se avance en la descongestión de estos edificios para no afectar el desempeño de los uniformados, que tienen que atender labores de cuidado de detenidos, lo que, muchas veces, impide que puedan patrullar las calles.

El propio comandante de la institución, el general Juan Carlos León Montes, ha señalado que el hacinamiento está provocando traumatismos entre los uniformados ya que, según sus propios cálculos, entre el 15% y 20% de los miembros del grupo de vigilancia por cuadrantes están cuidando presos, lo que no hace parte de sus funciones ni misionalidad.

El oficial dice que el tema está en revisión junto al Ministerio de Justicia para que los detenidos sean trasladados a las cárceles. Sin embargo, añade que en algunas estaciones el problema persiste aunque se haya hecho traslado de personas por parte del Inpec, y cita casos como el de Mariano Ramos y El Diamante, en donde el alivio de la sobrepoblación duró poco tiempo.

Se han presentado casos en los que la estructura de la Policía solo tiene capacidad para 5 retenidos y hay hasta 52. Las autoridades manifestaron su preocupación porque esta problemática genera alto riesgo de fuga y situaciones de peligro para los visitantes.

El Comandante de la Policía de Cali, ha dicho que han hecho operativos de requisa en las celdas de las estaciones en las que han encontrado armas blancas y celulares, entre otros elementos prohibidos.

Al respecto, el Inpec, organismo que administra el sistema carcelario, explica que su responsabilidad está en la recepción de las personas privadas de la libertad en calidad de condenados y señala que, en lo que va corrido del año, la Regional Occidental ha recibido un total de 696 personas, de las cuales 522 son condenados que se encontraban a disposición de la Policía Metropolitana.

Según el propio Inpec, actualmente no hay condenados en estaciones de policía de la ciudad y hace hincapié en que la responsabilidad de los sindicados es de los entes territoriales.

“Haciendo claridad que la ley establece que es responsabilidad de los entes territoriales encargarse de los privados de la libertad en calidad de sindicados, el Inpec, de una manera solidaria ante la actual situación, ha recibido a 154 sindicados en los establecimientos adscritos a la Regional

Occidental. De igual forma, durante el año 2021 fueron trasladadas desde las estaciones de policía un total de 2313 personas, entre condenados y sindicados a los establecimientos de reclusión”.

Para Harvy Mosquera, vicepresidente del Concejo, este problema se empeora porque la situación de hacinamiento es aún más dramática en la cárcel de Villahermosa, establecimiento que tiene una sobreocupación del 122.4 %, lo que impide que se reciban con celeridad a las personas que permanecen en las estaciones y que ya recibieron condena por parte de un juez. Agrega que en la ciudad se debió decretar la emergencia carcelaria por parte del Gobierno Nacional para garantizar la atención prioritaria a esta población con condiciones de flexibilidad en la contratación.

El Concejal también ve con preocupación la situación de los policías. “El número de uniformados que custodian las estaciones ha aumentado ante el hacinamiento presentado en estos espacios. La Fuerza Pública debe ocuparse del orden y control en las calles, pues su ausencia en los territorios ha estimulado la delincuencia e incrementado la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos”, asegura al respecto.

Añade que se necesita un gerente que lidere un acuerdo marco que existe entre la Alcaldía, la Gobernación, el Inpec y Ministerio de Justicia, firmado desde el año 2018 pero que no avanzó en la presente administración distrital. “Tenemos que aprovechar que contamos con un Ministro de Justicia vallecaucano y están disponibles los 25.000 metros cuadrados para construir esos nuevos pabellones, acabando así con ese hacinamiento que viven las estaciones de Policía y que demandan un pie de fuerza cuando la misión de esa institución es la seguridad ciudadana”, finalizó.

Para el personero distrital, Harold Andrés Cortés, esta situación de hacinamiento es una preocupación enorme porque dice que las condiciones en las que permanecen los detenidos son inhumanas y humillantes, por lo que se constituye en un castigo adicional que se suma al hecho de estar tras las rejas.

“Pese a los distintos llamados de atención y medidas que se han ordenado, la situación sigue igual de preocupante. Se han tomado acciones para descongestionar las estaciones, pero no han sido eficaces. El hacinamiento se convierte en una pena adicional, que es cruel, inhumana y degradante. Hemos encontrado estaciones con porcentajes de hacinamiento de hasta 500%, con espacios diseñados para 5 personas y alberga casi 60. Además, estos espacios no son aptos para garantizar una reclusión digna para estas personas, pues hay fallas estructurales en baños, iluminación, ventilación, entre otros”, explica.

Cortés dice que desde hace mucho tiempo la Personería ha venido llamando la atención sobre esta realidad en la ciudad, pero no hay avances. Además, sostiene que, aunque existen distintas causas que explican esta situación, hay un problema que debe ser analizado y es la tendencia de castigar los delitos con cárcel.

“Hay muchas causas, pero hay una que es grave y es que en nuestro país ha hecho carrera en algunos sectores de la Rama Judicial la tendencia de utilizar la medida preventiva de la libertad para castigar muchos delitos que podrían tener otro tratamiento a la luz de la ley. Hay un infarto en el sistema carcelario, en parte, porque se están enviando a muchos delincuentes a las cárceles y llenándolas de personas”.

El tema del hacinamiento carcelario ha sido parte de las discusiones de la Corte Constitucional, que ha emitido varias sentencias como la T-153 de 1998, luego la T-388 de 2013 y la T-762 de 2015, con las que declaró el estado de las cosas institucionales para el sistema nacional carcelario. Este año 2022 la extendió a las estaciones de policía, gracias a informes que han recibido de las distintas ciudades a través de las personerías y las delegaciones regionales de la Defensoría del Pueblo.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pide una solución urgente a la crisis humanitaria en centros de detención transitoria del país.

En estos centros, la población privada de la libertad asciende a 20.951 personas, lo que representa un hacinamiento de 194 % a nivel nacional.

Según la entidad, para el mes de agosto de 2021 estos centros contaban con 19.471 personas privadas de la libertad, pero su capacidad es de solo 6727 personas, lo que representaba un 189 % de hacinamiento, mientras que para el mes de marzo de este año ya iban en 20.951 personas, frente a una capacidad de 7131.

Las nueve ciudades con mayor porcentaje de hacinamiento de sus centros de detención transitoria son: Bucaramanga, con 835.6 %; Santa Marta, con 590%; Bogotá, con 553.4%; Cúcuta, con 491.4%; Riohacha, con 333.7%; Medellín, con 293.3%; Cali, con 274.3%; Valledupar, con 268% y Maicao con 208%.