Desde el 1 de enero al 31 de julio del 2023, los caleños presentaron un total de 25.966 quejas por barreras de acceso a la atención en salud, lo que significa un incremento del 32 % con respecto al mismo periodo del año pasado.

La razón principal por la cual se hacen las reclamaciones es la imposibilidad para acceder a los diferentes servicios en las IPS contratadas por cada EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficio), pero también destacan los problemas para conseguir una cita sin esperar largos ciclos de tiempo y las dificultades durante la atención hospitalaria.

Yanet Vélez Jaramillo, subsecretaria de Protección en Salud y Prestación de Servicios de Cali, explicó que se está trabajando tanto con las EAPB como con las IPS para mejorar el acceso a la salud en la ciudad.

Los pacientes tienen en su favor un mandato de la Corte Constitucional del año pasado sobre eliminar cualquier medida o impedimento de acceso a la salud, pero aún son muchos los casos que se presentan.

“Nos reunimos a través de un comité con toda la parte gerencial de las EAPB para poder revisar casos puntuales y, además, fomentar planes de contingencia que puedan resolver y subsanar dificultades administrativas en la prestación de los servicios. Con las IPS tenemos la auditoría de calidad y a través del Sistema Único de Habilitación podemos hacer las diferentes revisiones y garantizar las condiciones mínimas que deben tener estas instituciones para prestar el servicio”, contó.

Pese al incremento en las quejas, un dato destacable es que desde la Defensoría del Paciente de Cali y la Secretaría de Salud se ha logrado dar solución al 85 % de las situaciones, es decir, un total de 22.071 casos.

“El principal responsable en la resolución para los pacientes es su asegurador, las EAPB del régimen contributivo y del subsidiado, y continúa el prestador de los servicios”.

Yanet Vélez, subsecretaria de Salud de Cali

Esto ha hecho que no se generen dificultades mayores y que los usuarios puedan acceder a los servicios sin escalar los casos a la Superintendencia del ramo.

Sin embargo, esos 3895 pacientes restantes aún siguen viviendo una odisea para poder tener una atención y un servicio adecuados.

Hace más de cinco meses, El País habló con Liliana Corcino, madre de Samara Velásquez, una niña de 6 años que tiene diagnóstico de microcefalia.

En ese momento, la mujer estaba luchando para que le autorizaran cambiar el sitio donde su hija asiste a una serie de terapias, esto debido a que solo le daban una de las tres sesiones que debe recibir a la semana, sin embargo, hoy es el día en que esto no ha sido posible.

“Ella sigue en Impronta (Fundación Centro Terapéutico Impronta IPS) porque fue a donde le refirieron sus terapias, pero no se las están dando como dijo el médico (tres veces por semana) ya que solo tiene dos veces, los lunes y los viernes, los miércoles aún no se los han adjudicado porque supuestamente no hay cupos. Y por si fuera poco, también tiene terapias de deglución los días martes y jueves, pero realmente solo tiene los martes”, lamenta la madre.

Aseguró que ella quiere que Samara asista al Centro de Neurorehabilitación Apaes, pero que la respuesta de la entidad que le presta el servicio es que no tiene convenio allí.

“Yo de todos modos voy a mirar cómo hago para imponer una tutela que les condicione a cambiar el sitio de terapias... es que en Impronta siempre cambian de terapeutas, o sea, está con uno y por allá a los 15 días, o máximo un mes, se lo cambian, entonces es volver a empezar y así no se tiene continuidad”, agregó.

El defensor del Paciente de Cali, Jhon Edward Murillo, reflexionó recientemente sobre la gran afectación que están teniendo sobre los pacientes con los inconvenientes administrativos, como la situación de los convenios en el caso de Liliana y Samara.

“Aquí hay una dificultad muy marcada y es que entramos en un estado de costumbre frente a las cargas administrativas que no debe cargar el usuario, pero que hoy son una situación constante; eso no es responsabilidad del paciente en salud, sino del asegurador”, expresó Murillo.

Aumento año a año

Uno de los datos que genera alarma referente a las barreras de atención en salud está en el notorio aumento año a año de las quejas presentadas por los pacientes.

Acceder a los servicios de salud a tiempo y obtener sin inconvenientes los medicamentos formulados por las EPS son dos de los ‘dolores de cabeza’ que más enfrentan los caleños.

A su vez, en el 2021 se contabilizaron 29.815 quejas de los usuarios, es decir, un 37 % más que en 2020.

En 2020 fueron en total 21.769 las PQRS radicadas por los pacientes, lo que significó un aumento del 100 % frente a la cifra del 2019, cuando hubo 10.869 reclamaciones.

Si está siendo vulnerado(a) en su derecho a la salud, puede comunicarse a la línea 602 555 45 45, o al WhatsApp 323 471 0855.