¿Quién tiene la razón en el pleito por la Sagrada Familia?

La Sagrada Familia no puede convertirse en un elefante blanco más, como se les llama a los edificios que terminan abandonados. Eso es lo único en que parecen coincidir los promotores del proyecto hotelero y comercial en el antiguo colegio del barrio El Peñón, y el Municipio. La obra debe terminarse, dicen de lado y lado, aunque el cómo es lo que está en discusión.

Justamente este martes tanto la Alcaldía, que en enero pasado suspendió varias de las obras del proyecto al considerar que no correspondían a los planos iniciales, como la firma constructora Jero SAS encargada del mismo, se encontrarán en una audiencia de conciliación ante la Procuraduría.

De un lado y del otro programaron reuniones con los periodistas durante esta semana para exponer sus argumentos. Quedó claro que ambos están convencidos de tener la razón y de que saldrán airosos en la demanda por $40 mil millones impuesta por Jero SAS al Municipio, argumentando pérdidas de dinero por la suspensión - supuestamente “irregular” - de la obra.

La firma, en cabeza del diseñador industrial Jerónimo Jiménez, anunció que prepara nuevas demandas, pues considera que tras la polémica por la suspensión de los trabajos se ha vulnerado el derecho al buen nombre de la empresa y sus fundadores.

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En una entrevista que concedió un funcionario de la Alcaldía este jueves se hicieron varias claridades. Como que el proyecto de la Sagrada Familia tiene dos licencias de construcción que cumplen con los requisitos de ley. Una de las licencias es de 2013, y le autoriza al constructor, en un bien de interés cultural como está considerada la edificación de la Sagrada Familia, hacer un hotel con locales comerciales.
La segunda licencia le permite demoler un edificio que, de todo el conjunto, era la zona de menor valor patrimonial.

“Con esa verdad no podemos suspender obras sobre esas licencias. En ningún momento hemos suspendido toda la obra de la Sagrada Familia, y eso lo queremos dejar claro. Lo que suspendimos son los trabajos que se están realizando o que están proyectando y que no estaban en las licencias otorgadas inicialmente. Eso quiere decir que el constructor puede seguir construyendo lo que tiene autorizado, no las modificaciones que hizo después”, explicó el funcionario, quien pidió de momento la reserva de su identidad.

En cualquier caso, el problema de fondo para la Alcaldía es que el constructor comenzó a construir unas modificaciones a lo planteado en la licencia original de la obra, sin autorización. Y las licencias, finalmente, dicen en la Alcaldía, son para cumplirlas. De lo contrario todo el mundo pide una licencia para construir algo y construye otra cosa muy distinta.

“Hay que tener en cuenta que el de la Sagrada Familia no es un proyecto cualquiera. Es un bien de interés cultural que hace parte de la historia de Cali y por lo tanto se debe proteger. Es nuestra responsabilidad. Y en este caso el proyecto inicial que presentó la firma Jero es muy distinto a lo que ahora es. Si en la licencia de 2013 el proyecto era un hotel con locales comerciales, en los planos actuales parece más bien un centro comercial con hotel, salas de cine, supermercado. Una cosa totalmente distinta a lo que habían planteado”, dijo el funcionario.

Enseguida expuso una presentación en la que se hace un paralelo entre los planos originales de la obra, frente a los modificados. Son varios los cambios. Algunos apenas están propuestos en planos; otros ya se han construido.

Entre otras cosas, en el sótano 3 se eliminaron dos escaleras, una modificación que no estaba en el plano inicial. En la Alcaldía aseguran que es un tema que tendría que evaluar bomberos, por seguridad. Las escaleras podrían funcionar como rutas de escape.

“Esto se modificó sin más. Si pasa algo, la culpa pasaría a ser de la Alcaldía y por eso tenemos que cuidarnos. No decimos que está bien o mal este cambio. Decimos que necesitamos garantías de que esto sea seguro”.

En el sótano dos se hizo otra modificación: un parqueadero de motos, que ya está construido aunque no estaba en la licencia, mientras que en el sótano 1 se propone un mezzanine (una especie de piso intermedio entre la planta baja y el primer piso) que tampoco estaba previsto en la licencia de 2013.

Cuando se le consultó sobre esas modificaciones, Jerónimo Jiménez, gerente de la firma Jero, confirmó que son ciertas pero se preguntó si un parqueadero de motos en un sótano o un mezannine que igualmente quedará oculto, afecta a la comunidad o al bien de interés cultural. “Son modificaciones que la obra fue requiriendo”.

En uno de los patios, además – continuaba el funcionario de la Alcaldía – se hizo una excavación para construir una cava, se amplió una zona para el supermercado, entre otros cambios que representan 928 metros más a lo planteado en la licencia inicial.

Y aunque en la licencia original no se tocaba el patio central de la Sagrada Familia, y sus circulaciones, estas fueron trasladadas.

Según Jerónimo Jiménez, esas modificaciones al patio están permitidas según el Acuerdo o232 de 2007, que dice que entre los tipos de intervenciones autorizadas en un bien de interés cultural está la subdivisión y la ampliación del mismo. “Los patios están siendo conservados y respetados”, dijo, pero en la Alcaldía creen otra cosa.

“Uno de los grandes valores patrimoniales del edificio de la Sagrada Familia, que es el patio, se está modificando con la intervención. Le pusieron una losa de concreto cuando había pasto, por ejemplo. Por todo esto planteamos que el proyecto es distinto a lo que habían presentado.
Y ya tenemos un concepto: o el constructor se atempera a la licencia original y la sigue, o presenta un nuevo proyecto en el que se incluyan las modificaciones pero sin afectar el bien de interés cultural. Desde la Alcaldía no se está diciendo que el proyecto no pueda cambiar, pero sí que las modificaciones se hagan de acuerdo a las normas. En toda obra hay modificaciones mínimas que se pueden hacer sin licencia, eso lo entendemos, pero no como en este caso que son modificaciones importantes como la altura que también cambiaron y que requiere autorización”.

El funcionario se refería al edificio moderno que se está construyendo en la zona posterior de la Sagrada Familia y que albergará, en el último piso, cuatro salas de cine arte con capacidad cada una para aproximadamente 70 personas. La altura entre ese piso y el techo fue ampliada por el constructor 6 metros más a lo que estaba estipulado en la licencia expedida en 2013.

Para la Alcaldía, esos seis metros “ahogarían” u “opacarían” al edificio de la Sagrada Familia; ahogarían un bien de interés cultural. “Insistimos: sin licencia el constructor no puede hacer este tipo de intervenciones”.

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El miércoles anterior los integrantes de la firma Jero convocaron a los columnistas de la prensa local a un desayuno en la Sagrada Familia para exponer sus versiones. Además de Jerónimo Jiménez estaba su madre, Fabiola Aguirre, directora comercial del proyecto y exdirectora de Planeación de Cali, y el abogado Hernando Morales Plaza, especialista en derecho administrativo, control fiscal y contratación estatal. También fue Secretario de Ordenamiento Urbanístico de la ciudad.

El abogado preparó un documento de 33 páginas que se titula ‘Resumen legal de las violaciones’, una especie de tratado de los errores legales que supuestamente habría cometido la Alcaldía de Cali contra el proyecto.

Según el abogado, si se suspende una obra como en este caso, por ley, se debe abrir un proceso sancionatorio para presentarle los cargos al constructor, y que a su vez este pueda defenderse o explicar lo que está haciendo. El constructor tiene 15 días para presentar sus descargos, y 60 días más para adecuarse a lo que la Administración le exija. Si el constructor no cumple en esos 60 días, debe ser multado.

“Ese es el procedimiento que se debe hacer al suspender una obra. Pero, ¿qué pasa en el caso de la Sagrada Familia? Si se hubiera hecho eso – (la obra la suspendieron en enero) en marzo de este año ya se sabría si cumplimos o no con lo que se le exigía a la obra y si nos multaban o seguíamos construyendo. Pero ya estamos en noviembre y 11 meses después de suspendida la obra no se ha abierto el acto sancionatorio por parte de la Alcaldía para poder defendernos. Eso implica que una suspensión transitoria que permite la ley, se ha vuelto permanente. En otras palabras no sabemos de qué nos acusan, salvo lo que escuchamos en los medios. Jurídicamente no hemos podido defendernos porque no se ha abierto el proceso sancionatorio, lo que es un atropello”, dijo el abogado y a continuación expuso lo que, sospecha, es la razón por la cuál no se ha abierto dicho proceso.

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“Para abrir el proceso sancionatorio tienen que hacerlo conforme al Plan de Manejo que debería tener la Sagrada Familia como bien de interés cultural. Y el municipio no hizo ese Plan de Manejo para decir: es que el constructor se equivocó en esto o en aquello porque violó el Plan de Manejo. Pero no existe el Plan. En ese Plan se dice qué puedo hacer, qué no, hasta dónde puedo llegar con la edificación. Nosotros fuimos los que hicimos el Plan, los que caracterizamos al edificio”.

En ese punto, Jerónimo intervino:

“En resumen, la Alcaldía no tiene ninguna base jurídica para suspender la obra. La gravedad de esto es que están saliendo a defender un error a costa del Municipio. La demanda que pusimos por los daños causados es de $40 mil millones y sigue creciendo. No se puede jugar de esa manera con los recursos. Y además hemos sido ‘más papistas que el Papa’ porque queremos hacer las cosas correctamente. Por ejemplo el Plan de Movilidad que nos pidieron no es un requisito necesario para que nos expidan una licencia. El Plan de Movilidad es función del Estado, no del constructor. Y sin embargo lo hicimos. No queremos ir en contravía de la Alcaldía ni de las normas como lo han querido mostrar”.

El jueves pasado, cuando Jerónimo concedió una nueva entrevista en este diario, se le preguntó entonces por qué adelantó modificaciones al proyecto como la altura del piso moderno, sin licencia, lo que evidentemente va en contravía de la norma.

“Nosotros pedimos la autorización para hacer estas modificaciones. El 100 % de los proyectos comerciales, por diferentes circunstancias como las necesidades de las marcas que van a estar allí, modifican y nosotros pedimos la autorización para hacerlo. En el caso de la altura es para poder construir las salas de cine. Radicamos los planos con todos los cambios y las correcciones que nos pidieron. Tengo los certificados en el que se me dice que todo está correcto, que cumplo con los requisitos legales, y que para continuar con el proceso de expedición del Acto Administrativo que autorice las modificaciones a la licencia, tengo que hacer el estudio de movilidad, que también presenté. Con la confianza que me dio ese concepto firmado por un funcionario continué con la obra. ¿Por qué ahora Planeación se interpone para que yo saque la licencia que me están exigiendo si hay un concepto en el que ellos dicen que cumplo?”, decía enérgico. Y continuó.

“Ellos dicen que los seis metros de más del edificio moderno ahogan el bien de interés cultural, pero no me muestran la norma que afirme eso, el decreto que determine la altura que debe tener para supuestamente no opacar el bien. A ellos les parece que una mayor altura ahoga el bien de interés cultural, pero esto es una apreciación subjetiva de ellos, no está sustentado en una norma”.

Según Jerónimo Jiménez, la Alcaldía está abusando de su posición dominante. O por lo menos así es como dice sentirse.

“El mensaje de ellos es: hagan lo que nosotros queremos o paran la obra, cuando no me han demostrado qué norma estoy incumpliendo. Estamos intentando potencializar a la ciudad con este proyecto y nos atacan de esa manera. Siento que los nuevos funcionarios que asumieron el proyecto después de la reforma administrativa llegaron contaminados y desconocen todo el proceso que traíamos con el anterior Director de Planeación. Siento que les molesta que un diseñador industrial como yo se encargue de la Sagrada Familia. Y siento que después del escándalo del Hotel Aristi donde demolieron sin licencia, que es un caso muy distinto al nuestro, quieren cogernos como chivo expiatorio”.

Desde la Alcaldía insisten en que subir las alturas de una edificación por fuera de la licencia no es permitido, por lo que a la larga todo este embrollo lo resolverá la justicia, si antes las partes no llegan a un acuerdo.

El proyecto inicial de la Sagrada Familia contemplaba un centro de convenciones, que fue reemplazado por las salas de cine.

También incluía inicialmente una bolera, y otros servicios complementarios que harían parte del hotel.

Jerónimo Jiménez explicó que estos cambios obedecen a las necesidades que se requieren cubrir para las marcas que van a invertir en el proyecto.

“Teníamos todo un piso de entretenimiento: la bolera, una isla de juegos otra de venta de comidas. Eran 1000 metros. Lo que hicimos, por que así lo determinó el mercado, fue dividir ese espacio en 10 locales que quedarán en 400 metros. El resto de esos 1000 metros serán obras comunes. Insisto en que son cambios previsibles en un proyecto comercial”.

Según Jero SAS, el proyecto tendrá 67 suites en el hotel de la marca Small Luxury Hotels of the World.

Además incluye 80 locales “destinados a empresas y marcas de trayectoria nacional e internacional que ya se han vinculado al proyecto”.
Habrá salas de cine y restaurante El Convento.