La Superintendencia de Sociedades ordenó las medidas de intervención para suspender dos actividades de captación ilegal de dinero, las cuales sumaron un valor de $8.763 millones, uno de los casos afectaron a personas en Cali, Valle del Cauca.
“La Superintendencia de Sociedades informa que a través de las Resoluciones 2024-01-851488 de 1 de octubre de 2024 y 2024-01-852670 de 2 de octubre de 2024, ordenó las medidas de intervención que ordenan la SUSPENSIÓN de las actividades de captación no autorizada de dineros del público, captaciones que suman un valor de $8.763.428.978″, se lee en el comunicado.
De acuerdo con el comunicado oficial de SuperSociedades, la primera medida de intervención recayó en Julián Andrés Rocha Ramírez por $4.919 millones, quien afectó a 25 personas de la capital del Valle, pues convencía a sus víctimas de invertir en supuesta compraventa de vehículos.
“El señor Rocha Ramírez atraía a inversores bajo la propuesta de un negocio que consistía en invertir en la compra y venta de vehículos de Renault Sofasa, para lo cual, generó confianza en la inversión valiéndose de su cargo como Gerente de Zona de RCI COLOMBIA S.A., dineros que no fueron devueltos”, precisó la SuperSociedades.
En ese sentido, un juez de intervención, iniciará los procesos judiciales para que se garantice la devolución del dinero de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Legislativo 4334 de 2008.
Al respecto, el Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, “continuamos trabajando en nuestra labor de prevención a la ciudadanía para que se informen muy bien al momento de invertir su dinero”.
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Otro caso en Boyacá
En la ciudad de Duitama, Boyacá se dio la segunda captación donde la medida recayó en Wilmer Jaime Duarte Delgado, quien captó dinero por más de $3.843.912.478, afectando a más de 38 personas, pues recibía dinero del público a través de promesas de compraventa de apartamentos sobre planos.
“Se evidenció que se suscribían promesas de compraventa con distintas personas y las mismas recaían sobre los mismos inmuebles. Así mismo, se vendían apartamentos en pisos sobre los cuales no habían autorizado su construcción; y en otro supuesto proyecto, no contaban con las licencias de construcción. La forma de recepción de los dineros, en el esquema descrito, era en efectivo, sin evidenciarse un mecanismo que permitiera la administración segura y responsable de los dineros recibidos por parte de los compradores”, se lee en el comunicado oficial.
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“En el caso de las ofertas de vivienda, los depositantes deberán revisar si este tipo de sociedades o empresas cuentan con las licencias requeridas para desarrollar los proyectos de construcción; además, que se garanticen mecanismos de administración de los dineros, por ejemplo, a través de fiducias para asegurar su dinero”, concluyó el Superintendente de Sociedades.