23 años después de ocurrida la masacre de El Salado, la Defensoría del Pueblo entregó las primeras indemnizaciones a las víctimas de la masacre perpetrada por paramilitares en febrero del 2.000 en el departamento de Bolívar.
“Para la Defensoría es una prioridad garantizar el resarcimiento de los perjuicios causados a las víctimas; por eso, hoy acompañamos a quienes sufrieron la masacre y el desplazamiento del corregimiento El Salado, para que reciban la indemnización ordenada judicialmente al Estado colombiano y obtengan el resarcimiento de los perjuicios sufridos”, aseguró el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis.
Según expresó la entidad, la resolución 526 del 25 de abril de 2023 reconoce y paga los perjuicios a 32 demandantes iniciales y 88 integrantes de sus núcleos familiares por más de 8.800 millones de pesos. A esta decisión, se suma la resolución 1202 del 20 de junio del 2023, que ordena el pago efectivo a otros 52 integrantes de los núcleos familiares, por valor de más de 4.000 millones de pesos.
Tras un largo proceso judicial realizado por los habitantes afectados por la masacre de El Salado, la justicia reconoció que sufrieron graves perjuicios por la pérdida de la vida y las lesiones de sus esposos, hijos, hermanos y padres.
También reconocieron la pérdida de su sustento económico cuando tuvieron que huir apresuradamente para salvar sus vidas y la pérdida de su relación con la comunidad, establecida y fortalecida por todo el tiempo de convivencia, en este poblado de los Montes de María, dedicado al cultivo y procesamiento del tabaco.
Según expresó el defensor del pueblo, “hemos trabajado mancomunadamente para hacer un proceso claro y eficaz, que permita avanzar sin tropiezos, de manera que los pagos presentados hoy a los beneficiarios y los que quedan por hacer sean realizados en el menor término posible”.
La masacre de El Salado es una de las páginas más negras en la historia de Colombia. Hecho sucedido entre el 16 y el 22 de febrero del año 2000 cometido por las autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que comandaban Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′ y que dejó como saldo la muerte de más de 100 personas asesinadas.
Masacre de peque
A 16 años y 10 meses de prisión, la Fiscalía General de la Nación condenó a Aldis de Jesús Durango, alias René, y Alberto Villa Valderrama, alias Carepolo, por la denominada masacre de Peque de 2001, en la que nueve personas fueron asesinadas y 5.600 pobladores fueron desplazados forzosamente.
Fueron 22 años después que los excabecillas de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización que tenía injerencia en el municipio de Peque, al occidente de Antioquía, aceptaron su responsabilidad y participación en esta masacre que se registró entre el 1 y el 6 de julio de 2001.
El director especializado contra las violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, Hugo Alexander Tovar, indicó que, además de aceptar su responsabilidad en estos hechos de violencia, los excabecillas se sometieron a una sentencia anticipada.
“Las pruebas dan cuenta que varias estructuras armadas de las Autodefensas Unidas de Colombia ingresaron de manera violenta a la población, saquearon viviendas, impidieron la libre movilidad de los habitantes y finalmente los obligaron a abandonar sus tierras y huir a otros municipios de Antioquia”, explicó el funcionario.
Además, agregó que durante esta acción criminal las víctimas fueron asesinadas con machetes, armas de fuego y diferentes objetos cortopunzantes. Entre ellos, se encontraban dos menores de edad. “Un adolescente que se desempeñaba como presidente de una de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y otras personas que intentaban escapar o eran señaladas de auxiliar a otras organizaciones ilegales fueron el principal blanco para el grupo armado”.
Información de Colprensa