Ante la Procuraduría General de la Nación redirá testimonio el abogado Juan Pablo Estrada, representante de la firma Thomas Greg & Sons, en el marco de las investigaciones que se adelantan por el proceso de la licitación de pasaportes en el país.
Dicho proceso disciplinario fue el que dejó al excanciller Álvaro Leyva suspendido, motivo por el que Luis Gilberto Murillo lo tuvo que reemplazar en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores.
La jornada se llevará a cabo este miércoles, 22 de mayo, y durante ella, el Ministerio Público escuchará a Estrada para que declare dentro del juicio disciplinario que se adelanta contra Leyva, esto después de los múltiples obstáculos que se presentaron dentro del proceso de licitación de los pasaportes.
Además, durante la diligencia de testimonio también serán escuchados Luis Alfonso Villegas, Maximiliano Cervantes Sales y Álvaro José Henao. Pero por estas citaciones del procurador que lleva el caso, Ernesto Espinosa, también han pasado piezas claves como la exdirectora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Martha Lucía Zamora.
A propósito, al rendir su testimonio ante la Procuraduría sobre el mismo proceso, Zamora aseguró que “no existían argumentos serios y contundentes para suspender el proceso licitatorio” de los pasaportes, que le costaron su salida del Gobierno.
Según la jurista, Leyva tenía mucho interés en alertar sobre supuestos actos de corrupción con Thomas Greg & Sons como eje central de ese delito, sin que hubiera argumentos sólidos.
Zamora reiteró que su postura y la de la Agencia, en su momento, “fue el diálogo”, la conciliación con la empresa para evitar una demanda contra el Estado.
La penalista apuntó en su testimonio que la posición de la Cancillería fue “absolutamente pasional” e “infundada”, pues “se buscó por todos los medios” llegar a una idea de corrupción que mantuviera estancada la licitación para los pasaportes.
“Todo esto enrareció el ambiente y generó esta situación de corrupción que hasta este momento no he entendido dónde está”, remarcó la jurista, al señalar que el Gobierno estuvo “avalando una supuesta corrupción cuando, para nosotros, no tenía argumentos jurídicos”.