La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra Juan Diego Pineda Rodríguez, alcalde de Palestina, Huila, debido a las graves acusaciones de maltrato físico, verbal y psicológico presuntamente cometidos por él en contra de su esposa, quien ejercía como gestora social del Municipio.
Este procedimiento disciplinario se abrió tras la divulgación de información pública que da cuenta de un posible abuso continuo de su posición como funcionario público para someter a su cónyugue a un trato violento y deshumanizante.
La investigación fue iniciada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, luego de conocerse los detalles de los hechos que revelaron el supuesto sufrimiento constante de la víctima.
Según las denuncias, la esposa del Alcalde habría sido sometida a diversas formas de abuso durante un periodo prolongado, lo que finalmente derivó en la tragedia de la pérdida de un hijo que la pareja esperaba, hecho que aumentó la gravedad de los hechos denunciados.
“Pineda Rodríguez podrá ser escuchado en versión libre si así lo solicita”, detalló el ente de control frente al caso.
Esta investigación está siendo realizada en un contexto de serias preocupaciones sobre el uso del poder y la posible vulneración de los derechos de las personas que dependen de la autoridad pública.
En relación con el proceso penal que la Fiscalía ha iniciado por los mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación, a través de su delegada en Asuntos Penales, creó una agencia especial para encargarse de la supervisión y acompañamiento en el desarrollo de este caso. Esta agencia está bajo la responsabilidad del Procurador 271 Judicial I Penal de Pitalito, Huila.
Mediante esta agencia, el Ministerio Público ejercerá su función de vigilancia y control, interviniendo en las diversas audiencias que se programen en el marco del proceso penal. Además, brindará acompañamiento constante durante las diligencias judiciales que se lleven a cabo, asegurando que se respeten los derechos de las víctimas y se cumpla con el debido proceso en todo momento.
De esta manera, la Procuraduría se asegura de que la justicia se administre de manera adecuada, transparente y con la debida atención a los detalles del caso.