La Secretaría de Educación de Bogotá anunció este miercoles acciones frente a casos de violencia sexual en entornos educativos. Entre las medidas, el Distrito se comprometió a disminuir los tiempos de los procesos disciplinarios de los profesores señalados y colaborar con la Fiscalía para agilizar los procesos penales.
Según anunciaron, la Secretaria creó un equipo interdisciplinario de trabajo para atender de manera prioritaria los casos de violencia sexual que se reportan a la entidad, así como también fortaleció el equipo de abogados y psicólogos para la oficina de Control Interno Disciplinario para darles mayor celeridad a los casos de abuso sexual en colegios.
En cuanto a los procesos penales, cabe señalar que, aunque la competencia es de la Fiscalía, el Distrito anunció la activación de un convenio con el ente acusador para mejorar la colaboración entre las dos entidades, particularmente con el intercambio de información, para evitar demoras y dilaciones en los procesos penales.
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“Yo como Secretaria, a través de diferentes comunicaciones, he manifestado al Fiscal General de la Nación nuestra disposición para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto que contribuya a disminuir los tiempos de los procesos penales, de la misma forma como al interior de la entidad estamos disminuyendo los tiempos de los procesos disciplinarios, respetando los derechos fundamentales de todos. Esperamos, sin embargo, mayor celeridad en los procesos y trabajo conjunto y articulado”, afirmó en rueda de prensa este miércoles la secretaria de Educación, Edna Bonilla Sebá.
Otras de las medidas anunciadas, fue la vinculación en el sector público de 200 nuevos orientadores escolares para que los niños, niñas y jóvenes puedan denunciar.
Finalmente, el Distrito subrayó la estrategia con la que cuenta la ciudad para la atención a estudiantes víctimas de actos de abuso con carácter sexual.
Se trata de la ruta ‘Respuesta Integral de Orientación Pedagógica’ (RioP) a través de la cual la Secretaría de Educación hace un acompañamiento inmediato a rectores, rectoras, estudiantes y familias. Según afirmaron, los casos se abordan desde lo psicológico, lo disciplinario y lo penal, para garantizar la prevención, atención y sanción.