Por los presuntos actos de corrupción que Alejandro Lyons cometió cuando estuve al frente de la Gobernación de Córdoba (2012-2015), durante los últimos años ha recibido distintas condenas y sanciones. Esta vez, la Procuraduría confirmó la responsabilidad por reconocer irregularmente el pago de servicios odontológicos por $3.054 millones a Instituciones Prestadoras de Salud que no tenían un legal vínculo contractual con la Gobernación, por lo que fue destituido e inhabilitado por 10 años.
La decisión del ente de control también cobija a quienes en ese entonces se desempeñaban como secretarios de Salud: Alexis José Gaines (2014), Alfredo José Aruachán (2014) y Edwin de Jesús Preciado Lorduy (2015), quienes fueron sancionados con destitución e inhabilidad de nueve años.
En fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular señaló que entre 2014 y 2015 la Gobernación expidió nueve resoluciones de pago por servicios prestados a las IPS Maxilofacial de Córdoba, Oralcosta, Odontológica IPS SAS y Mauricio Javier Bermúdez Ramos, sin que hubiese negocio jurídico alguno entre las partes, “lo cual se acreditó en las visitas administrativas practicadas a las dependencias de la gobernación y al verificar las resoluciones expedidas”.
Sostuvo además que Lyons Muskus, en su calidad de máxima autoridad del ente territorial, dejó de ejercer de manera eficaz su deber de vigilancia y control sobre los secretarios de Salud, debido a que “no les exigió el trámite precontractual y contractual de acuerdo con la normativa aplicable, con la finalidad de realizar los pagos previa celebración de un acuerdo de voluntades entre las IPS y la gobernación, y así recibir a satisfacción los servicios prestados”.
Los sancionados reconocieron que ejecutaron el pago para los servicios odontológicos sin que se hiciera cumplimiento de los requisitos legales, a pesar de que estos sabían sobre las normas que existen sobre la contratación de servicios de salud para evitar que se presente algún acto de corrupción.
En ese sentido, la entidad dirigida por la procuradora Margarita Cabello calificó la conducta de los investigados como una falta gravísima cometida con culpa gravísima. Por lo tanto, el fallo de segunda instancia quedó en firme y su ejecución se da de manera inmediata, debido a que Lyons en la actualidad no está ejerciendo como gobernador de Córdoba ni tampoco otro cargo público.
*Con información de Colprensa y redacción de El País