Para el próximo 29 de enero fue programada la audiencia de verificación de preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y el exsenador Otto Nicolás Bula Bula por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

De acuerdo con el juzgado 46 penal de conocimiento el motivo por el cual no se realizó la diligencia judicial corresponde a que el centro carcelario La Picota de Bogotá no lo remitió por mantenimiento de los automotores del reclusorio.

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Sobre el exsenador pesan dos investigaciones. La primera de ellas involucra al exfiscal Rodrigo Aldana quien, al parecer, le habría ofrecido un apartamento en un lujoso lugar de la capital del país a cambio de obstruir un proceso de extinción de dominio.

La segunda investigación aborda la presunta participación del exsenador en un lobby para adjudicar irregularmente a la multinacional Odebrecht contratos de obras en el país.

La Fiscalía había anunciado que revisaría las condiciones del preacuerdo que firmó con Bula después de que el Juez Segundo Especializado de Bogotá rechazara los beneficios.

De acuerdo con el juez, “si el ciudadano Bula Bula asesorado por su defensor quería sentarse a negociar con la Fiscalía antes, debió hacer el reintegro del 50% del incremento patrimonial”.

“El reintegro del dinero es condición para adelantar la negociación y este debió realizarse antes de hacerse la firma del preacuerdo”, dijo el delegado de la Rama Judicial.

Otro de los argumentos del juez confirma que la Fiscalía “se ha excedido en sus facultades al negociar con el imputado no solo el grado de participación sino también las penas a imponer por los concursos”.

El convenio al que se pretendía llegar entre ambas partes consistía en pagar una pena de cinco años de cárcel por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho propio. Además debía devolver la suma de 6.600 millones de pesos.

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De acuerdo con la defensa del exsenador, Bula se comprometía a entregar la empresa familiar denominada Agroprecuaria El Central ubicada en Montería y que está avaluada en 4.400 millones de pesos, además firmaría un pagaré por 2.200 millones de pesos, dinero que pagaría un plazo de año y medio.

En ese momento, la vicefiscal María Paulina Riveros, aseguró que se tomarán "las acciones pertinentes para replantear" el preacuerdo, como respuesta al Juez.