La Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, que recoge a la capitales del país, hizo una advertencia ante la cantidad inusual de solicitudes de revocatoria de mandato a más de 30 mandatarios locales cuando apenas los mismos apenas han cumplido un año de mandato.

En un pronunciamiento indica que “solicitar la revocatoria del mandato de alcaldes y alcaldesas que se posesionaron hace poco más de un año supone una transgresión de este mecanismo de participación. Un año de mandato, como es apenas obvio, no es tiempo suficiente para desarrollar un programa de gobierno a plenitud, especialmente en un contexto de crisis sanitaria, social y económica en el cual los mandatarios locales se han visto forzados a priorizar aspectos concretos de su plataforma de políticas públicas para responder a la pandemia del covid-19; no podemos olvidar que el 72 % de los contagios del país se encuentran en las ciudades capitales”.

La asociación recuerda que la Corte Constitucional, en un pronunciamiento reciente indicó que no existen “razones que permitan acreditar el incumplimiento del programa puesto a consideración de los ciudadanos electores”, esto por haber atendido la pandemia del coronavirus.

“Desde Asocapitales enfatizamos que la revocatoria del mandato de autoridades locales, como lo ha señalado la Corte Constitucional, 'es un procedimiento que puede afectar el desempeño de la administración pública y cuesta dinero al erario público' (C-011 de 1994). Por lo tanto, debe ser invocado únicamente si se busca proteger el interés general, manifestar la inconformidad de la mayoría de los ciudadanos y exigir el cumplimiento de programas de gobierno. Tales supuestos no
son cumplidos por los procesos de revocatoria que actualmente cursan contra los alcaldes y alcaldesas de algunas ciudades capitales”.

Plantea Asocapitales que “hacemos un respetuoso llamado a que se proteja el espíritu democrático y participativo del mecanismo de revocatoria del mandato tal como quedó consagrado en nuestra Constitución Política. Así mismo, exhortamos a que las entidades estatales ofrezcan garantías para que los alcaldes y alcaldesas de ciudades capitales puedan desarrollar plenamente sus programas de gobierno, evitando que se utilice las revocatorias del mandato como un instrumento para favorecer los intereses políticos de grupos que no resultaron elegidos en los comicios de 2019 y para desestabilizar la legitimidad democrática de los mandatarios locales elegidos por voto popular”.