El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que se llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre los violentos hechos en Tierralta, Córdoba, en los que un grupo de militares intimidó a la comunidad.
El fiscal Barbosa destacó la importancia de esclarecer estos hechos y aseguró que, a pesar de los posibles “obstáculos”, se llevarán a cabo actos urgentes para obtener información relevante sobre lo sucedido. Según los relatos de las víctimas, al parecer, diez uniformados llegaron a la vereda, tres de ellos cubriendo sus rostros con pasamontañas. Sin embargo, habría más involucrados, por eso, en total serán 30 soldados, dos suboficiales y un oficial los que serán llamados a declarar ante el ente acusador.
Esta medida busca garantizar la rendición de cuentas, aseguró. Además, dijo que brindará justicia a las comunidades afectadas por los hostigamientos. “La Fiscalía está comprometida en llevar a cabo una investigación imparcial y exhaustiva para determinar las responsabilidades en este caso”, afirmó.
“Tenemos que verificar las hay denuncias por parte de la comunidad, cuáles son los actos urgentes, si hay circunstancias de tiempo, modo y lugar, si hay personas que se pueden identificar y, por supuesto, llegar rápidamente a la responsabilidad”, añadió el fiscal Barbosa.
El jefe del ente acusador no desaprovechó la oportunidad para recordarle al presiente Gustavo Petro que las investigaciones recaen en la Fiscalía General de la Nación y no en el Ejecutivo, enviando un mensaje firme al mandatario en ese sentido.
“He venido insistiendo durante este año que no le corresponde al Ejecutivo hacer investigaciones judiciales de ningún tipo. La investigación la hará la Fiscalía General de la Nación, y no vamos a permitir tampoco que la Jurisdicción Penal Militar se entrometa en una investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales de este país”, enfatizó.
¿Qué fue lo que pasó en Tierralta, Córdoba?
La comunidad de la vereda Bocas del Manso Camino, ubicada en el municipio de Tierralta, Córdoba, se vio sumida en un acto de violencia que ha conmovido profundamente al país. Un grupo de uniformados pertenecientes al Ejército Nacional irrumpió en la localidad, desatando una ola de intimidación contra la población civil. Este comportamiento indiscriminado incluyó amenazas y maltrato hacia campesinos, mujeres con bebés en brazos y menores de edad.
Las víctimas lograron capturar los terribles hechos en un impactante video. En la grabación, de 4 minutos y 14 segundos, evidencia como soldados pertenecientes, al parecer, al Batallón de Infantería N. 33 de la Décima Primera Brigada, someten a un maltrato verbal y físico a los residentes de la vereda, llegando incluso a amenazar con dispararles y apuntándoles con sus armas directamente a la cabeza.
De acuerdo con las denuncias de la comunidad, los militares se habrían hecho pasar por disidentes de las Farc. Todo ocurrió, según relataron, sobre el mediodía del pasado 11 de septiembre
“Eran las 12:40 p. m. cuando llegaron diez presuntos miembros del Ejército a la vereda Bocas del Manso Camino, haciéndose pasar por disidencias de las Farc. Sin embargo, traían prendas de militar que develaban que hacían parte del Batallón Junín, que es el que está presente en la zona”, denunció uno de los líderes de la comunidad ante la Personería municipal.
Los testigos también afirman que los militares forzaron a los habitantes de la vereda a abandonar sus hogares, incluyendo a niños, mujeres y ancianos, y los obligaron a permanecer tumbados en el suelo durante aproximadamente tres horas. Además, al parecer, exigieron al profesor de la escuela local que recopilara información sobre todos los presentes en la comunidad y se llevaron consigo la lista con los datos de los residentes.
El grupo de uniformados, presuntamente, seleccionó a cinco personas a quienes habrían golpeado y maltratado. Se conoció que, incluso, habrían intentado ahorcar a una mujer embarazada y amenazaron a todos con disparos, lo que dejó a la comunidad aterrorizada.
Denuncias de abuso sexual y robos
Según los relatos, algunos soldados ingresaron a la casa de una mujer indígena de la tribu embera katío, supuestamente, en búsqueda de indicios de actividades militares o armas de fuego. Los soldados habrían amenazado con llevarla en helicóptero a las instalaciones del Batallón Junín, en Montería, si encontraban pruebas incriminatorias. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando, según la comunidad, abusaron sexualmente de esta mujer indígena y amenazaron a un adulto mayor que se encontraba con ella.
Antes de retirarse del lugar, llevaron al líder de la junta de acción comunal y al profesor a una ubicación distante de aproximadamente dos hectáreas del centro de la vereda. Allí, los obligaron a tumbarse en el suelo, apuntándoles con fusiles o armas de largo alcance, profiriendo insultos y advirtiéndoles que cualquier intento de levantarse antes de transcurrir media hora resultaría en un riesgo mortal.
Además de estas acciones violentas, se denunció que los soldados saquearon las viviendas y las tiendas de la comunidad, robando prendas de vestir, bolsos, productos de higiene personal, dinero en efectivo, alhajas y alimentos.
El grupo de uniformados se retiró de la zona en dirección al punto donde la comunidad ya sabía que el Ejército Nacional había estado presente durante los últimos cinco días. Según los testimonios, algunos de los soldados que participaron en estos hechos violentos no ocultaron sus identidades y fueron reconocidos por miembros de la comunidad debido a encuentros previos en los que se habían presentado como miembros del Ejército Nacional, vistiendo sus uniformes y equipo militar correspondiente.
La Fiscalía General de la Nación ha tomado medidas para investigar este incidente y se espera que se realicen interrogatorios a más de 30 soldados en relación con estos hechos. La comunidad y las autoridades están exigiendo respuestas y justicia en medio de la consternación que ha generado este acto violento.