Este miércoles 26 de julio, en la capital del país se presentaron fuertes lluvias, las cuales generaron algo de caos. De hecho, la cuenta oficial de Tránsito de Bogotá reportó que se presenta una inundación en la localidad de Rafael Uribe en la carrera 26H con calle 35 Sur.
Por lo anterior, se realizó un cierre vial en la carrera 26H con calle 35 Sur, según lo confirmaron las autoridades de tránsito a las 5:00 p.m. Además, se reguló el tráfico, desviando los vehículos por la transversal 33.
Así que si usted tiene que transitar por esta zona deberá hacerlo con preocupación, se recomienda utilizar vías alternas. Sin embargo, algunos tendrán la duda sobre: ¿Cuál sería el motivo de está inundación?
Acueductos de Bogotá se hizo cargo de la situación. “En este momento atendemos situación que se presentó en la localidad de @rafaeluribeu por las fuertes lluvias. Es fundamental que la ciudadanía no arroje basuras a las calles para evitar situaciones como estas. Necesitamos #QueLluevaConciencia”, trinó a las 5:30 p.m.
Al parecer la inundación se presentó porque se acumularon basuras en este sector. Según lo confirmó la empresa, quienes además, invitaron a los ciudadanos de Bogotá tener un poco más de consciencia sobre el desecho de basuras con el fin de evitar este tipo de situaciones.
Hasta el momento, las autoridades oficiales no han informado la apertura de esta vía tan importante en la capital del país.
Acueducto de Bogotá: la contundente respuesta a los hallazgos de la Contraloría
La Contraloría de Bogotá emitió un comunicado donde configura 33 hallazgos administrativos sobre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP. Según el documento la empresa tiene quince presuntas incidencias disciplinarias y catorce fiscales, todas por $111.525 millones, debido a hechos relacionados con obras y el pago de multas, sanciones e interés de mora impuestas por entidades como la DIAN. Frente a esto, el Acueducto de Bogotá se pronunció.
“Frente a cada uno de los hallazgos, la Empresa entregó respuesta y evidencias que demuestran la probidad de la gestión realizada y la no existencia de daño al patrimonio público. Sin embargo, la Contraloría no consideró procedentes los argumentos”, afirmó la EAAB-ESP, quien añadió que los hallazgos se realizaron sobre contratos celebrados en 2016 a 2019.
Como ejemplo de los supuestos fácticos y jurídicos expuestos destacaron los siguientes:
1. En el caso del corredor ambiental del río Tunjuelo – Chiguaza, el hallazgo con presunta incidencia fiscal por $15.696 millones, es por una obra finalizada que se encuentra en proceso de ser recibida y activada por la Empresa, con lo cual los pagos efectuados corresponden al valor de las obras efectivamente ejecutadas previa verificación de la interventoría.
2. Los hallazgos en temas tributarios con presunta incidencia fiscal por $60.178 millones, están relacionados con el pago de las declaraciones de renta de los años gravables 2018 y 2019, donde se tomaron descuentos tributarios que no se encuentran soportados en las certificaciones ambientales exigidas por la norma.
3. La EAAB analizó los escenarios que permitieron determinar el menos gravoso para la Empresa y procedió a corregir dichas declaraciones, aprovechando los beneficios establecidos por la Ley 2277 de 2022, de reforma tributaria, en materia de reducción de sanción e intereses de mora, evitando sanciones mayores por parte de la DIAN.
4. Entre los hallazgos con presunta incidencia fiscal está uno por valor de $13.933 millones, por los estudios y diseños elaborados para el proyecto Parque Ecológico San Rafael; sin embargo, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Bogotá decretó medida cautelar y ordenó abstenerse de realizar cualquier obra o construcción en el Embalse San Rafael hasta tanto se profiera sentencia en el proceso.
5. Hallazgo con presunta incidencia fiscal por $4.902 millones por un contrato de renovación de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial para el barrio Los Libertadores y sectores aferentes de la Localidad de San Cristóbal, respecto del cual el contratista no ejecutó la totalidad de las obras contratadas y la empresa adelanta el proceso judicial por los perjuicios que ocasionó a la Empresa, incluyendo la porción del anticipo no amortizado.