La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) organizó una audiencia de reconocimiento en Casanare, con el objetivo de que los familiares de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y falsos positivos escucharan a los presuntos responsables de estos actos.
Este martes se desarrolló el segundo día de audiencia en Yopal, Casanare, donde el magistrado de la JEP, Óscar Parra, resaltó la importancia de ver este acto como un punto de partida para seis años de trabajo que se desarrollaron de forma separada con cada víctima y compareciente.
“Se debe generar un punto de encuentro de diálogo para víctimas y victimarios, ese punto de diálogo se da a partir de imputaciones que ya ha realizado la JEP por crímenes de lesa humanidad. Sin duda, este es un momento clave en términos de reconocimiento, de responsabilidad, de esclarecimiento y de la visibilización pública de los máximos responsables de los ‘falsos positivos’ del Casanare”, afirmó el magistrado.
Asimismo, según el representante de la Jurisdicción, este reconocimiento implica, para los señalados como responsables de estos actos, el poder acceder a los beneficios que ofrece la JEP a través de sanciones restaurativas que esta ofrece, por lo cual es necesario que estas personas declaren sobre estos hechos y la calificación de los crímenes.
La audiencia se realizó en este departamento porque estos crímenes se habrían cometido de manera sistemática en esta región, siguiendo el patrón de lo sucedido en otros sitios de Colombia.
Cabe destacar que esta Audiencia de Reconocimiento de Verdad obedece al subcaso Casanare - Caso 03, donde 21 miembros de las fuerzas militares, un antiguo funcionario del extinto DAS y dos civiles, contaron cómo hicieron parte de una serie de crímenes atroces y arbitrarios que acabaron con muchas vidas, en este caso, 296 personas.
De acuerdo con la audiencia y el caso, se están imputando a miembros de la Brigada XVI quienes fueron llamados a comparecer sobre su responsabilidad. Entre los implicados y presentes en el acto público, se encuentra el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, otros 13 oficiales y siete suboficiales del Ejército Nacional.
El abogado independiente José Hilario López, representante legal de las víctimas, hizo algunas reflexiones sobre estos casos aprovechando el espacio. “Los asesinatos de civiles indefensos crecieron en aquella siniestra época en donde el discurso dominante era mano firme, corazón grande, efectivamente la mano firme autoritaria apuntó sus fusiles en contra de los más vulnerables de la sociedad colombiana, y el corazón grande, grande en mezquindad aún hoy les niega a las víctimas una justa compensación que no revivirá a sus seres queridos”.
De igual forma, aseguró que el Estado engañó a aquellas personas que sufren grandes desventajas en el país al no contar con una educación, ofertas laborales y carecer de necesidades básicas para suplir en sus hogares.
“El régimen de mano firme, corazón grande, también engaño a los más indefensos, a los desempleados y a los excluidos, todo esto para secuestrarlos, asesinarlos, desaparecerlos y presentarlos como botín de guerra, muertos en combate”, destacó López. También resaltó que por medio del lenguaje, se podía disfrazar la realidad en contra de la experiencia de las víctimas, pues, afirmó, han minimizado, suavizado y adornado los crímenes cometidos a través del uso de palabras técnico jurídicas con las que no se logra dimensionar el verdadero significado de estos actos.
“Cometimos torturas, secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos contra personas sexualmente diversas o en estado de indefensión o en condición de discapacidad”, agregó el abogado.
De acuerdo con la citación, estas serían las personas que dieron la cara ante los familiares de las víctimas: César Augusto Cómbita Eslava, Jorge Eduwin Gordillo Benítez, Wilfrido Domínguez Márquez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, Wilson Camargo Tamayo, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Jhon Alexander Suancha Florián, Gélver Pérez García, Marcolino Puerto Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Miguel Andrés Sierra García, Erwin Eduardo Duarte Rojas, Leandro Eliécer Moná Cano, Alexander González Almario, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Wilson Rodríguez Mimisica, Miguel Fernando Ramírez, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Faiber Alberto Amaya Ruiz y Orlando Rivas Tovar.
A todos ellos, la Sala de reconocimiento de la JEP les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada. Por tora parte, a otros se les señaló por crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en aquellas hostilidades.