El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que tiene por objetivo desestimular el reclutamiento de ciudadanos colombianos para participar en guerras, conflictos y enfrentamientos en otros países.
De acuerdo con las autoridades, el nuevo instrumento pretende adoptar la Convención internacional contra el reclutamiento, financiación y el entrenamiento de mercenarios aprobada por la Organización de Naciones Unidas. Lo anterior, le entregará al país una serie de herramientas para enfrentar a los grupos que lleguen al país con dicho propósito.
Al respecto, el canciller Luís Gilberto Murillo insistió en la necesidad de contar con herramientas que detengan a los movimientos que llegan a Colombia para sumar a sus filas a personas entrenadas en temas militares y de seguridad. En ocasiones, esta práctica resulta en algo riesgoso tanto para los participantes como para el país porque pueden generar conflictos diplomáticos.
Explicó que estos reclutamientos se realizan en muchas ocasiones con promesas muy atractivas para los potenciales interesados. Sin embargo, ellos son utilizados y dejados a su suerte en el campo de batalla. En caso de ocurrir fallecimientos, las familias piden la intervención del gobierno para repatriar los cuerpos.
Esta iniciativa presentada por la Cancillería será estudiada por la Comisión II del Senado durante los próximos días. Ante una eventual aprobación, Colombia deberá crear una legislación donde sean tipificados los diferentes delitos que conlleva el reclutamiento de personas como mercenarios para participar de conflictos en el exterior.
¿Qué compromisos asume el país con este instrumento?
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la entrada en vigencia del instrumento, el país no podrá financiar entrenamiento de mercenarios, a su vez, se implementarían acciones para judicializar a las personas que incurran en este tipo de actividades, incluso, se contempla la extradición en caso de ser requerido.
También, se deberán crear una serie de delitos específicos para castigar los actos cometidos con los mercenarios. Con este tipo de iniciativas, Colombia espera contrarrestar un fenómeno que ha tenido auge durante los últimos años y ha generado una suerte de problemáticas con otras naciones.