La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura del exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar, por lo que esta se registró en la mañana de este miércoles por parte de miembros del CTI de la Fiscalía.

La retención del exgobernador se da por cuenta de que habría incumplido los acuerdos que se registraron durante su condena ocurrida en 2013, en la que el alto tribunal lo sentenció a nueve años de prisión y a pagar a de 10.750 Salarios Mínimos Legales Vigentes, por el delito de concierto para delinquir y su participación con el paramilitarismo.

Aguilar consiguió su libertad en mayo de 2015 luego de firmar un acta avalada por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de San Gil, Santander.

Tras trámites que cursaron en más de un juzgado y tribunales, la Procuraduría solicitó que se dictará medida de aseguramiento dado que incumplió tales beneficios, pues a Aguilar, en otro proceso que cursa en los juzgados de Paloquemao, es investigado por tener en su poder un vehículo ostentoso que supera los 100 millones de pesos de valor comercial.

Lo que generó descontento de esta situación en el delegado del Ministerio Público es que Aguilar, en julio de 2014, manifestó su incapacidad económica absoluta respecto del pago de la pena de su condena, por lo que logró un acuerdo mensual de pago por $500.000, ante la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, entidad en la que existe proceso de cobro de la misma.

Así las cosas, lo que expresó el alto tribunal es que “no puede ser burlado el principio de buena fe que rigen las actividades públicas y privadas, los bienes jurídicos que protegen la administración como tampoco los compromisos adquiridos ante la judicatura”.

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Las otras investigaciones

Pese a su condena, Aguilar tiene otras cuentas pendientes con el alto tribunal, dado que en octubre del año pasado empezó su juicio por cuenta de delitos de peculado por apropiación y celebración de contratos sin el lleno de requisitos legales.

En ese entonces, la acusación en su contra se dio en el marco de la investigación por la presunta contratación irregular con la Corporación Parque del Chicamocha y la construcción del mismo, cuando se desempeñaba como mandatario departamental, ya que no era un proyecto de interés público o social.

De acuerdo con la Fiscalía, “para efectuar el proyecto en el parque fueron efectuados doce convenios por valor superior a los 21.000 millones de pesos, suma de la cual hubo deducción por concepto de gastos de administración, que al parecer no estuvieron estipulados originalmente en los contrato”.

Esta investigación fue tenida en cuenta por la corporación y en medio de la audiencia pública el magistrado Ramiro Alonso Marín dejó en firme una serie de pruebas testimoniales y documentales que debe presentar la Fiscalía y la defensa del exgobernador en medio de su proceso judicial.

Este no es el único proceso que tiene el exmandatario departamental, ya que también es acusado en los juzgados de Paloquemao, junto a su exesposa Mónica María Barrera Carreño, su exsuegra Socorro Carreño y Yeison Albeiro Sáenz Plazas, por presunto incremento patrimonial.

Los hechos que tienen ante los estrados judiciales a estas cuatro personas tuvieron lugar luego de una compulsa de copias que hizo la Unidad de Justicia y Paz por el delito de lavado de activos ante la Fiscalía, para que se indaguen los recursos y bienes obtenidos por el exgobernador entre 2000 y 2015.

Las indagaciones del ente investigador tuvieron su fundamento en la condena de la Corte Suprema de Justicia contra el exmandatario departamental por los nexos con grupos paramilitares para beneficiarse electoralmente.