Después de conocerse la investigación del informe motivado de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en la que el delegado para la Protección de la Competencia recomienda sancionar a las empresas Holcim, Cementos Argos y Cemex, por supuesta cartelización en el mercado del cemento en Colombia, se supo que las tres firmas tienen 20 días para responder al proceso, antes de que el superintendente Pablo Felipe Robledo convoque al Consejo Asesor de Competencia.

“Con ellos discutiremos, los oiré, pero con un antecedente muy importante: nunca las recomendaciones del superintendente se han a apartado de las recomendaciones del Consejo Asesor de Competencia. Ahora me toca a mí tomar la decisión que corresponda”, afirmó Robledo a la W Radio.

La investigación empezó en agosto 2013, cuando la SIC abrió investigación y formuló pliego de cargos contra Cemargos, Cemex, Holcim, Cementos Tequendama, Cementos San Marcos y 14 de sus principales directivos.

En el informe motivado se dice que Holcim, Cementos Argos y Cemex se habrían puesto de acuerdo para fijar los precios del cemento entre 2010 y 2013, provocando un alza de hasta 30% en el valor del concreto y, además, se habrían repartido el mercado, estableciendo zonas exclusivas para la comercialización del material.

Al respecto, Cementos Argos declaró que “el informe motivado sustenta su recomendación en un supuesto paralelismo de precios entre 2010 y 2012, deduciendo que fue un hecho consciente. Argumentar paralelismo de precios sobre un análisis estadístico de unas series de precios de 36 meses, en un período de alto crecimiento (…), no es apropiado”.

Holcim, por su parte, respondió a la polémica que la compañía se acoge a las normas de la libre competencia, y reiteró “que en ningún momento hemos realizado acuerdo alguno con nuestra competencia”; además, que seguirán “presentando argumentos contundentes ante la SIC en las diferentes oportunidades que restan dentro el proceso”.

Cemex recordó que tiene un plazo de 20 días para presentar observaciones y que presentará recurso de reposición si la autoridad la sanciona.

En el documento también se mencionaron las multas de hasta $70.000 millones por cada conducta, en caso de que las pruebas sean concluyentes. El delegado recomendó absolver a Tequendama y San Marcos.