Desde Costa Rica y por medio de una audiencia transmitida por internet, este lunes la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica y sus militantes.

El caso al que hace referencia la Cidh tiene que ver con graves y sucesivas violaciones de derechos humanos, que iniciaron en 1984 y se extendieron por más de 20 años, contra más de seis mil víctimas, quienes eran integrantes de la Unión Patriótica. 

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"La Cidh declaró que Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido y sus integrantes", expresó el juez Ricardo C. Pérez, presidente de la Corte.

Según detalló el Juez, el tribunal encontró al Estado colombiano como responsable de violaciones a diferentes derechos, entre ellos al de la vida, integridad, libertad, garantías y honra de las víctimas por varios delitos como asesinatos, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas.

Igualmente, la Corte determinó que el Estado deberá reparar a las víctimas de diferentes formas, siendo una de ellas el implementar una comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas. La Cidh, de igual manera, ordenó buscar rigurosamente a las víctimas desaparecidas cuyo paradero aún se desconoce, así como brindar tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que lo requieran.

La Cidh determinó que el Estado deberá indemnizar económicamente por daños materiales e inmateriales. Además, se le ordenó la restitución de las víctimas de desplazamiento forzado y pagos por gastos por tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a la familia Díaz Mansilla. 

Entre otras, la Corte le dio un plazo de no más de 2 años para que reabra las investigaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes. El Estado, además, tendrá que decretar un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y construir un monumento en memoria de las víctimas. 

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Frente a esa orden, la Cidh explicó que, en al menos cinco lugares o espacios públicos, se deberá colocar placas para conmemorar a las víctimas, así como hacer un documental sobre la violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica.

"El Estado realizará una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes, militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica", precisó el fallo.