Varias clínicas en la frontera entre Colombia y Venezuela tienen su capacidad al máximo, principalmente en el área de urgencias, donde llegan constantemente pacientes heridos por accidentes de tránsito.
“Las clínicas están colapsadas por la atención de urgencias. Recordemos que en la ciudad hay importantes instituciones prestadoras de servicios de salud y atención domiciliaria que han sido contratadas por las EPS de la región para garantizar la prestación”, dijo Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.
Según información de medios, dos de las clínicas del sector, ya alcanzaron el 160 % de su capacidad en el servicio de urgencias, hasta el pasado sábado el personal de la salud no podía atender a todos los pacientes.
Dados los frecuentes accidentes automovilísticos, el directo del Instituto Departamental de Salud hizo un llamado para que la administración local busque planes que prevengan la siniestralidad vial, y así controlar un poco la capacidad de las clínicas.
Según el presidente de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia, Anthoc, en Norte de Santander, Aristides Hernández, entre las alternativas que se han planteado para cumplir con lo anterior, es que el Gobierno Nacional ofrezca un aumento en los recursos de los hospitales y así ampliar el personal del Hospital Universitario Erasmo Meoz.
Además, se plantea la posibilidad de que el Ejecutivo destine también más recursos y asuma los costos para habilitar todos los hospitales que así lo necesiten, por un periodo de tiempo corto o hasta que se normalice la situación con los accidentes viales.
Dada la crisis en este sector, en las últimas horas se llevó a cabo una reunión con varios médicos, la red privada y pública que tiene que ver con el servicio de urgencias y las EPS, para poder trazar un mapa que les permita descongestionar las áreas de urgencias de los hospitales.
La incertidumbre de las EPS
En medio de la incertidumbre y las inconformidades en torno al proyecto de reforma a la salud, Luis Carlos Arango, gerente de Colsubsidios, empresa que tiene el 14 % de la Nueva EPS, hizo un llamado para que se replantee el proyecto, para evitar la sobrepoblación de gente en esa entidad pública.
Según indicó, la Nueva EPS cuenta con once millones de afiliados y con el planteamiento de la reforma, de incrementar el número de personas adscritas, esa cifra se elevaría a 21 millones de pacientes en todo el país y no se cuenta con la infraestructura para manejarlos.
“Cualquiera que sea el modelo que pongan dentro del sistema de salud, si nosotros tenemos la oportunidad de aportar y participar a una mejora de la sociedad, y nuestras leyes lo permiten, lo haremos”, dijo en una entrevista con La República.
Agregó que el sistema actual no es perfecto, pero lo que se podría hacer es destinar mayores recursos dentro de los porcentajes que se tienen establecidos en la distribución de la Unidad de Pago por Capitación para la prevención, sin que se destruya lo que funciona.
Según los datos más recientes del Ministerio de Salud, en la actualidad esa EPS tiene más de 10 millones de pacientes asegurados, de los cuales 4,6 millones son del régimen contributivo y otros 5,4 millones están en el subsidiado.
Pero el hecho de pensar en ampliar el número de usuarios, para algunos expertos en salud, traería grandes riesgos por las dificultades que tendría para atenderlos.
Norman Maldonado, director del Centro de Investigación en Práctica Social y Economía, Proesa, de la Universidad Icesi, al respecto dijo que no es técnicamente apropiado ubicar a varios conjuntos de personas que están agrupadas en otras entidades, en una sola, pues se podría perder la capacidad de atención.