Colombia prorrogó de nuevo y por cuatro meses la suspensión provisional del proceso de selección para extraer el galeón español San José, hundido por corsarios ingleses frente a las costas de Cartagena en el siglo XVIII.

El plazo de cuatro meses comenzó a contar el 10 de junio de 2019, con lo que las autoridades deberán tomar una decisión antes del 10 de octubre, según un comunicado del Ministerio de Cultura.

El Gobierno colombiano ya había prorrogado por tres meses el anterior plazo para contratar a la empresa que extraerá el San José ante el temor a que suponga perder patrimonio nacional, especialmente por "la posibilidad de que el pago al contratista se realice mediante la entrega de piezas extraídas del galeón".

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Ante esa decisión, el Ministerio de Cultura detalla que el pasado 19 de marzo comenzó un trámite de consulta al Consejo de Estado, que fue también remitido a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para el respectivo análisis y visto bueno del proyecto de extracción.

Además, consideran que es "prudente profundizar en conceptos jurídicos sobre la materia", especialmente "ante la imposibilidad de adelantar la consulta ante la Sala de Consulta del Servicio Civil del Consejo de Estado".

Por eso, el Ministerio solicitará apoyo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, puesto que "no existen antecedentes jurisprudenciales, ni doctrinales sobre el particular", razón por la que aplazan cuatro meses la decisión.

Cuando el Gobierno decidió aplazar en marzo pasado por tres meses la decisión consideró que si se entregaban piezas del San José al contratista supondría que parte de la historia de Colombia quedase "dispersa por los anticuarios del mundo y resultaría un precedente inaceptable para el rescate de futuros navíos".

El hallazgo del San José fue anunciado en noviembre de 2015 por el anterior presidente colombiano, Juan Manuel Santos, cuyo Gobierno puso en marcha una licitación con empresas extranjeras para extraer el pecio del fondo del mar, que incluía un porcentaje de la valiosa carga de metales preciosos que llevaba el navío como parte de pago por ese trabajo.

El Gobierno de Iván Duque, sucesor de Santos en la Presidencia, ha postergado en varias ocasiones los plazos para la contratación de la empresa que recuperará el galeón.

Colombia cuenta con una ley, la 1675 del 30 de julio de 2013, que tiene por objeto "proteger, visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido".

Según dicha ley, forman parte de ese patrimonio todos los restos que estén en aguas colombianas, incluidas "las especies náufragas constituidas por las naves o artefactos navales y su dotación, sus restos o partes, dotaciones o elementos yacentes dentro de estas, cualquiera que sea su naturaleza o estado, y cualquiera sea la causa de la inmersión, hundimiento o naufragio".

Esa ley recoge, sin embargo, que "no se considerarán patrimonio cultural sumergido" las "cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas", así como los "bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes".

Además, incluye la posibilidad de conformar una alianza público privada para que una compañía cazatesoros recupere el pecio y obtenga una compensación de "hasta el 50 % del valor de los bienes (en este caso, en el galeón) que no constituyan patrimonio cultural de la nación".