En las últimas semanas, se han evidenciado varios casos de explotación sexual en Medellín, los cuales han indignado al país entero y han hecho que la ciudadanía haga un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto.
“A partir de nuestras pesquisas sobre cómo opera este delito en Bogotá, descubrimos que estas redes de explotación se extienden hacia otras ciudades. Estamos ante un delito muy organizado, con estructuras muy complejas y que involucra no solo la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes que de por sí es el peor crimen, sino también la instrumentalización para el microtráfico y los fines comerciales”, dijo el funcionario.
Así, mediante las grabaciones se pone en evidencia que aparte de la explotación sexual, los menores son instrumentalizados para la comisión de otros delitos como el microtráfico,
“Lo que ocurre en el barrio Santa Fe o en otros lugares de Bogotá está relacionado con lo que ocurre en la Torre del Reloj en Cartagena o, en el caso de Medellín, en parques como Lleras, El Poblado, o Botero. Lo que presuntamente hacen estas mafias es mover a los menores de edad de una ciudad a otra. En el capítulo de Medellín, por ejemplo, logramos detectar menores con acentos distintos a los de la región, y además ofreciendo información sobre la venta de drogas como el tusi”, enfatizó Ramírez Vahos.
Estas nuevas denuncias se presentan luego de que un juez de control de garantías de Medellín impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Pablo González Delgado, de 29 años, como presunto responsable de acceso carnal de un menor de 14 años y explotación sexual comercial con un menor de 18 años.
En el momento de su detención, González Delgado presentó una cédula de ciudadanía colombiana expedida en Sídney, Australia, pero las investigaciones posteriores revelaron inconsistencias en su identificación.
Según las autoridades, el hombre intentó justificar su presencia con el menor afirmando ser pariente del adolescente, versión que fue desmentida por la víctima.
Esta condena busca mandar un mensaje contra las personas que vulneran los derechos de los menores en el país.