En un estudio sectorial, la Contraloría General de la República mostró el comportamiento de la inseguridad en el país, que a pesar de que se designaron gran cantidad de recursos económicos para contrarrestarla, $220 billones para ser exactos, entre 2018 y 2022, no se han mostrado avances.
El documento “aborda tres objetivos relacionados con la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Pmcsc, definida en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, analizó la congruencia y relevancia de los mecanismos establecidos para la formulación y aplicación de dicha política, así como su ejecución presupuestal y su impacto en la seguridad y la convivencia ciudadana en Colombia”, indicó la Contraloría por medio de un comunicado.
Contexto del estudio
El análisis abordó la evolución del concepto de seguridad en América Latina desde los años 90, cuando se pasó de un enfoque que ponía todo su peso en la Fuerza Pública a la transición hacia políticas de seguridad ciudadana que respondan a los cambios urbanos, migratorios y socioeconómicos en un contexto de seguridad humana.
“A pesar de esto, persisten factores estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de presencia estatal integral, que inciden directamente en la seguridad de las personas”, aseguró la entidad.
“Se subraya la relación entre la pobreza y la seguridad, respaldada por datos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina (CEPAL), y se resalta cómo el conflicto armado en Colombia limita el desarrollo y aumenta la inseguridad en los territorios. Además, se señala el incremento de la desconfianza en las instituciones encargadas de brindar seguridad”.
La Perspectiva de Seguridad Humana
En el marco de la Pmcsc, nace la necesidad de una evaluación más exhaustiva que considere factores externos e impredecibles como pandemia y las actualizaciones metodológicas en la recopilación de datos.
“Es evidente que el aumento del presupuesto destinado a Defensa y Policía, especialmente en el rubro de inversión, de casi el 40% entre 2018 y 2022″, sin embargo, no se ha presentado una reducción significativa en las conductas delictivas, ni en el cumplimiento de los objetivos de la política durante el periodo analizado.
“Por lo tanto, se hizo necesario analizar en detalle el proceso de planificación, ejecución y seguimiento de las inversiones en el componente policial, con el fin de identificar posibles deficiencias que puedan estar obstaculizando la eficiencia, eficacia y efectividad de los recursos asignados”, expresó la Contraloría.
Además, se destaca que el comportamiento de los indicadores de seguridad varió significativamente durante la pandemia y el periodo posterior a ella. “Así, en medio de las restricciones de movilidad, se observó una mejora sustancial en las condiciones de seguridad en la mayoría de los municipios y ciudades capitales del país. Sin embargo, al levantarse estas medidas se produjo un aumento en el indicador inseguridad, lo que constituyó un empeoramiento de la seguridad en varios lugares del país, como Quibdó en el Chocó, Tame en Arauca, Valdivia en Antioquia y Puerto Lleras en el Meta, entre otros”.
¿Qué se debe hacer?
“El estudio resalta la coherencia entre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la PMCSC, así como la importancia de sus estrategias preventivas, la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional”, dijo la entidad, a pesar de ello, se encontró falta de relación entre el aumento del presupuesto destinado a Defensa y Policía, y la no reducción de manera significativa en las conductas delictivas.
Por ello, el estudio concluyó que se necesita un enfoque más humano en materia de seguridad, pues esa es la manera de atacarla de manera integral. Además, se deben tener en cuenta los desafíos estructurales que enfrenta Colombia en materia de violencia e inseguridad, “mediante la promoción de la justicia social y la reducción de la desigualdad como elementos esenciales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos”.