A cerca de 5 billones de pesos ascienden las irregularidades en contratos ejecutados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en obras para desastres, calamidades y otras circunstancias, durante los últimos cuatro años.
Según informó la Contraloría General de la República, se analizó la contratación en los años 2021, 2022, 2023 y 2024, de los suministros de carrotanques, los contratos del programa ‘Hambre Cero’, la contratación de obras en el departamento de Santander y la contratación de suministro de maquinaria amarilla.
Tras analizar la contratación de suministros de carrotanques entre tal periodo, el ente de control señala un incremento inusitado del monto de dicha contratación, en aproximadamente un 700 %.
“Esto representa una adición, para el presente año, de unos $ 37.5 mil millones, tan solo en el caso de los carrotanques”, menciona el comunicado de la Contraloría. Asimismo, se indica que la contratación parece estar concentrada en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.
Para el ente de control llama la atención que la contratación de la Ungrd esté focalizada únicamente en tres empresas a las que se les adjudicaron los millonarios contratos. De tal suerte, se investiga también un presunto favorecimiento en la contratación, dirigida a menoscabar el erario público.
Igualmente, se observa la presencia y continuidad de algunas empresas en la adjudicación de los contratos, empresas que vienen presentando incumplimientos en la formalización de los mismos, presuntos sobrecostos y violación a las normas contractuales.
Por esto, la Contraloría abrirá investigaciones “por la presunta pérdida de más de 80 mil millones de pesos en la sola contratación de carrotanques, atendiendo sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país”.
Asimismo, el informe resalta que hay irregularidades en 31 contratos relacionados con el programa ‘Hambre Cero’, valorados en 131.812 millones de pesos. Estos fueron otorgados por los funcionarios Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de Desastres y Olmedo López, director de dicha entidad, en ese momento, a empresas que no contaban con personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda relación con las actividades para las que fueron contratadas, carecen de experiencia o son presuntas empresas de papel.
“Estos hallazgos serán objeto de investigaciones adicionales y posibles acciones legales para asegurar que los fondos destinados a los programas de ayuda lleguen efectivamente a quienes más los necesitan”, señala uno de los párrafos del comunicado.
La Contraloría advierte además sobre un incremento del 160 % en la erogación destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla en 2023, “pasando de aproximadamente $88 mil millones durante el 2022, a cerca de $227 mil millones en la vigencia del año pasado” argumenta.
Estos hechos fueron declarados por la entidad como de impacto nacional, a fin de atender un presunto detrimento patrimonial que pudo causarse por posibles irregularidades tales como: dobles pagos o maquinaria no utilizada.
A esto se suma la desconcertante concentración de recursos adjudicados a una sola empresa, que acumuló 13 contratos por un monto superior a los $21 mil millones entre el 2021 y el 2024, año en el que la empresa presuntamente habría obtenido un contrato por casi un tercio del total mencionado.
Finalmente, se señala que la concentración de obras en el departamento de Santander resulta alarmante debido a que los contratos de obra para la mitigación de riesgos suman $4.9 billones.
Desde 2016 en Santander se han ejecutado 43 contratos e interventorías por un total de $635.407.406.898, enfocados en mitigar riesgos de inundación y socavación en varios sectores, especialmente en Girón.
A este departamento le siguen Magdalena con (10.36 %) y Putumayo con (8.71 %). “La Contraloría ha identificado la necesidad urgente de auditar y evaluar 25 contratos adicionales en Santander, que ascienden a $317.325 millones”, menciona.