Este jueves 14 de marzo, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador Eduardo Carlos Merlano Morales por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público.
En su cuenta de X el ente de justicia señaló que “La Sala de Intrucción acusa al exsenador Eduardo Carlos Merlano por supuesto tráfico de influencias de servidor público”.
Asimismo, manifestó que en “un control de tránsito, usó su condición de congresista para no realizar la prueba de alcoholemia, presionando a patrulleros para suspender el operativo”.
Esto se da por los hechos ocurridos en mayo de 2012 donde el Exsenador fue protagonista del famoso episodio de ‘Usted no sabe quién soy yo’, cuando Merlano Morales se negó a que se le practicara una prueba de alcoholemia al ser detenido en la ciudad de Barranquilla, al parecer en estado de alicoramiento y sin licencia de conducción.
“Aunque facilitó los papeles de la camioneta, no entregó a los agentes su licencia de conducción, por lo cual se le impuso un comparendo. También se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, argumentando repetidamente que era un Senador de la República, y que 50.000 personas habían votado por él”, señaló el alto tribunal.
La acusación señala que la actitud del congresista, quien les dijo a los agentes que hablaría con sus superiores, llevó a que los patrulleros suspendieran el procedimiento y omitieran el cumplimiento de su deber.
En septiembre del año pasado (2023) la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación del caso en contra del exsenador Eduardo Merlano, con ponencia del magistrado Fabio Ospitia, negó un preacuerdo que suscribió Merlano con el magistrado Héctor Alarcón, de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, tras estudiar una apelación en contra del auto de la Sala Especial de Primera Instancia AEP125-2022, rad. 39408, que previamente se había negado.
Se trató de un convenio firmado el 9 de mayo de 2022, en la Sala Especial de Instrucción, en el que el Exsenador había aceptado su responsabilidad por el delito a cambio de una rebaja del 50% de la pena. Al día siguiente (10 de mayo), el magistrado Alarcón remitió las diligencias a la Sala Especial de Primera Instancia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 350 de la Ley 906 de 2004.
Sin embargo, el 5 de octubre de 2022, la Sala Especial de Primera Instancia negó “la solicitud de control de legalidad del preacuerdo”.