En la noche de este 24 de abril, el presidente Gustavo Petro compartió los acuerdos a los que llegó con algunas EPS para transformarlas en gestoras, puntos clave para lo que sería la nueva reforma a la Salud que se presentará al Congreso. Sin embargo, rápidamente cayeron varias críticas al Gobierno.

Por ejemplo, el exministro Alejandro Gaviria manifestó que este fue un acuerdo hecho “a puerta cerrada”, que no mejora el texto que fue negado hace pocas semanas por la Comisión Séptima del Senado de la República.

“Facilita, eso sí, que las EPS se transformen en gestoras (le da continuidad a un negocio). Sin embargo, no resuelve las grandes preocupaciones sobre sostenibilidad (genera más gasto sin fuentes claras de recursos), sobre la ruta del paciente (que quedará a la deriva), sobre la fragmentación entre la atención primaria y la de mayor complejidad y sobre los incentivos para una adecuada gestión de los recursos”, dijo Gaviria en un trino.

El exministro de Educación de Petro sentenció el acuerdo asegurando que sigue siendo una reforma confusa y perjudicial.

A su turno, el representante a la Cámara Andrés Forero, criticó la manera en que el Gobierno Nacional primero ‘criminalizó' y ‘doblegó con amenazas’ por parte de la Superintendencia de Salud a las EPS, para ahora sí venirse a sentar con ellas y concertar cuando ya la reforma ha sido archivada en dos ocasiones.

“Excluyeron a médicos y pacientes del proceso y pretenden pupitrear una versión edulcorada de la reforma hundida en Senado”, manifestó el congresista por el Centro Democrático.

Este miércoles estuvo lleno de cuestionamientos para el Gobierno luego de que se publicó el listado de tarifas que serían cobradas por las atenciones que los profesionales de la salud darán a sus pacientes en el contexto de la reforma. Aunque el borrador de decreto fue retirado y se hablo de un error en la información, trabajadores del gremio rechazaron esa propuesta y ahora han mostrado su disgusto por el acuerdo con las EPS.

El médico internista Luis Eduardo Pino aseveró que el nuevo texto apunta a mantener el mismo riesgo de no sostenibilidad del sistema de salud, tal como se percibe en la actualidad, pero también se generaría un importante riesgo frente a la continuidad del cuidado y la gobernanza en el nuevo modelo, con las EPS como “gestoras de salud y vida”.

“Flexibilizaron la transformación a GSV (gestoras de salud y vida) de las EPS y les asignaron la gestión del riesgo por los mismos 5 % de UPC + 3 % variable según resultados... con razón firmaron. Vamos a ver qué sale del trabajo sobre la situación financiera sectorial, lo cual es urgente”, indicó el especialista en Hematología y Oncología.

¿Qué dice el acuerdo entre el Gobierno y las EPS?

El documento publicado por el presidente Gustavo Petro tiene las firmas de Acemi, la asociación que agrupa a las empresas de la medicina, principalmente las EPS, así como las aseguradoras Gestarsalud, Salud Total, Sura, Nueva EPS, Compensar, Mutualser y Coosalud. De acuerdo con el Jefe de Estado, “esto refleja una transformación concertada que será presentada al Congreso para su discusión en los próximos días”.

“El consenso giró en torno al compromiso de ofrecerles a los colombianos un mejor sistema de salud, tomándose como punto de partida la amplia conversación sostenida durante el trámite legislativo en el Congreso de la República de la reforma a la salud radicada el 13 de febrero de 2023, y el trabajo previo realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social”, reza el comunicado que publicó el Presidente.

De este modo, al parecer serían consideradas las declaraciones y críticas hechas por los congresistas durante el debate en Cámara y Comisión Séptima del Senado, donde posteriormente se hundió la iniciativa. Sin más detalles, el documento expresa que la mesa de concertación continuará el próximo 2 de mayo con la discusión en torno a la situación financiera actual del sistema y las claves para afrontar su criticidad.

Este trámite tendría que ser abordado en las próximas semanas o hasta meses, considerando que el actual periodo legislativo se vence como máximo el próximo 19 de julio y el Gobierno no tiene tiempo suficiente para presentar un proyecto de esta envergadura, por lo que pasará a formar parte del Congreso a partir del segundo semestre de este año, si así lo considera el Gobierno.