Una demanda penal fue instaurada contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presuntos delitos de injuria, calumnia y pánico económico en las oficinas de la Fiscalía General de la Nación en la capital antioqueña. Así lo confirmó la empresa Metro de Medellín a través de su gerente, Tomás Elejalde.

Lo anterior se debe a una publicación reciente realizada por Quintero desde su cuenta de X (antiguo Twitter) en la que señaló: “Urgente. Fico (Federico Gutiérrez) llevó al Metro de Medellín, emisor de bonos, a un “default” de la obligación financiera con la que la Nación financió la construcción del Metro hace 25 años. Nunca el Metro había incumplido un compromiso de este tipo”.

Sin embargo, el Metro de Medellín no guardó silencio, ya que en un comunicado respondió que lo afirmado por el exmandatario local carece de veracidad porque la empresa suscribió un contrato en el 2004 con el departamento de Antioquia, la ciudad de Medellín y la Nación, con el propósito de pagar esa deuda que fue generada por la construcción del Metro hace más de 20 años.

“A la fecha, se ha pagado el 118 % de lo comprometido inicialmente, lo que ha permitido reducir en aproximadamente 30 años el plazo estimado para la cancelación total de la deuda. En este sentido, es importante aclarar que la empresa no se encuentra en situación de default, como se señala en la publicación referida”, expresó la empresa.

Por lo tanto, en la demanda argumentan que lo dicho por Quintero es, a todas luces, falso, “distorsionando y cuestionando la imagen y afectando su reputación ante la sociedad y los entes de control”.

Además, el Metro de Medellín advirtió que difundir información falsa de la empresa ocasiona un perjuicio adicional, ya que esta se encuentra en un proceso para emitir bonos sostenibles que financien proyectos estratégicos de la compañía, como la compra de nuevos trenes por más de $120.000 millones.

“Por ello, una de las condiciones indispensables para el éxito de una emisión de bonos es que el mercado inversionista tenga confianza en la administración del emisor, lo cual se logra con la implementación de estándares de gobierno corporativo, que para el mercado de valores colombiano están establecidos en la Ley 964 de 2005 y desarrollados por la Superintendencia Financiera, a través de la encuesta Código País”, sostuvieron.

Por último, indicaron que “las acusaciones infundadas expuestas a la opinión pública en relación con la estabilidad financiera de la empresa y el cumplimiento de los compromisos contractuales y financieros puede generar desconfianza del inversionista, afectando el apetito del mercado, por lo que se hace innegable la necesidad de una retractación y rectificación al respecto”.

*Con información de Colprensa y redacción de El País