El presunto reclutamiento de dos menores de 14 y 15 años en el Meta, mientras estaban recibiendo clases, hizo que la Defensoría del Pueblo hiciera un llamado a las autoridades del país que se tenga especial atención en este tipo de crímenes.
La petición fue hecha por Carlos Camargo, el defensor del Pueblo, afirmando que, por ejemplo en el Meta, ya se habían dado algunas alertas tempranas de que estos fenómenos de reclutamiento se estaban presentando.
“Lo realizado es una flagrante vulneración al Derecho Internacional Humanitario. Les exigimos respetar la integridad de los niños, niñas y adolescentes, docentes, directivos y demás integrantes de la comunidad educativa”, indicó Camargo al referirse al más reciente caso ocurrido en el Meta.
De hecho, Camargo recalcó que en las alertas tempranas se consignó que los grupos al margen de la ley que podrían estar detrás de los reclutamientos en ese sector son las Disidencias de las Farc y otros grupos que salieron luego de la desintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia.
“Les solicitamos activar de forma extraordinaria los equipos de acción inmediata y el Comité Departamental de Prevención de Reclutamiento, en el que sean vinculados docentes y rectores de escuelas y colegios, para que sean puestos en funcionamiento mecanismos de prevención y así evitar que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de reclutamiento, utilización y uso por las organizaciones que delinquen en la región oriente del país”, solicitó Camargo.
De acuerdo con la máxima figura de la Defensoría del Pueblo, en lo corrido del 2023 se han emitido 27 alertas tempranas a nivel nacional de reclutamiento forzado, de las cuales 23 han hablado sobre la vulneración de los derechos a niños y niñas del territorio nacional.
“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que recuerde la obligación que surge del artículo 44 de la Constitución Política. En todas las negociaciones que adelante con grupos al margen de la ley resulta necesario visibilizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, recalcó Camargo.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre enero y junio de 2023, se registraron 125 casos de reclutamiento forzado. Sin embargo, expertos explican que podría existir un subregistro por el temor de las personas a denunciar este tipo de crímenes, lo que quiere decir que la cifra podría ser mucho mayor.
La Defensoría también alertó por el asesinato de líderes sociales
Aunque las cifras reportadas de esta situación en lo corrido del 2023 han registrado una disminución al compararlas con el 2022, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, insistió que sigue siendo una situación a la que se debe prestar atención.
Según cifras de la entidad, en el primer trimestre de 2023 han sido asesinados 92 líderes sociales en Colombia, una cifra que demuestra la continuidad de este flagelo.
“Es una vergüenza para el Estado que al parecer se haya normalizado el hecho de que cada semestre se sigan registrando cerca de un centenar de homicidios de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos”, dijo Camargo.
La mayoría de los muertos fueron líderes comunales (22 homicidios), seguidos de líderes comunitarios (20 casos) e indígenas (16), que conforman el 63 % de los asesinatos registrados por el ente estatal.
Los departamentos más afectados fueron Cauca (suroeste), con 17 casos, seguido de Nariño (también en el suroeste) y Antioquia (noroeste).
Por lo mismo lamentó que “no se observen medidas contundentes que garanticen la vida de quienes defienden los derechos de sus comunidades”.
Se trata de una cifra mayor a la reportada la semana pasada por Human Rights Watch (HRW), que cifró en 77 los defensores de derechos humanos asesinados, mientras que el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó el asesinato de 82 defensores en el primer semestre del año.
El año pasado, Colombia marcó el “lamentable récord” de homicidios de líderes y defensores con 215 asesinados, según los datos de la Defensoría del Pueblo.