En medio de las negociaciones que se están llevando actualmente entre empresarios, centrales obreras y el Gobierno Nacional para definir el salario mínimo del 2024, la Defensoría del Pueblo se pronunció este martes y aseguró que dicho incremento tiene que ser ajustado a las realidades socioeconómicas y prevenir la vulneración de los derechos laborales.
“Es vital lograr una concertación técnica que reconozca la inflación y el comportamiento de la productividad para que se pueda mantener el poder adquisitivo de los colombianos, sin castigar el crecimiento económico y la generación de empleo”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
“El salario mínimo, como derecho constitucional y obligación social que goza de la protección especial del Estado, no es solo un número, sino un instrumento para asegurar que los trabajadores tengan un nivel de vida acorde con la dignidad humana”, agregó Camargo.
En el marco de esta negociación cabe resaltar que los factores de productividad e inversión empresarial son motores indiscutibles del desarrollo de la economía y de acuerdo con el índice de crecimiento económico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a octubre del 2023 fue de tan solo 0.3%, amenazando un escenario de recesión lo cual sería desastroso para el país.
“Los temas sobre procesos de productividad, mercado laboral, contexto macroeconómico, coyuntura económica, entre otros, deben ser abordados con un enfoque imparcial y objetivo, en los que prime el diálogo entre los representantes de las centrales obreras, del gremio empresarial y del Gobierno central”, expresó el Defensor del Pueblo.
Para octubre del 2023, en Colombia, según información del DANE, la población ocupada fue de 23,1 millones de personas, y al comparar la cifra con el mismo mes del año 2022, cuando registró 22,6 millones de ocupadas, tuvo una variación del 2,1%, es decir, 476.000 personas más ocupadas.
“La definición del salario mínimo, como tarea de gran relevancia, debe permitir el acceso a condiciones de trabajo decentes, a la seguridad social y a la igualdad de oportunidades. La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada de para Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ejecuta de manera responsable su labor misional en la defensa de los derechos laborales y económicos de los habitantes del país”, concluyó Camargo.