La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y la Libertad de Expresión, está intensificando sus acciones para garantizar los derechos humanos en el ámbito virtual.
En este sentido, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, sostuvo una reunión con Jorge Velásquez, presidente de la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper), para abordar las situaciones de riesgo que enfrentan quienes difunden contenidos en plataformas digitales, sin importar si son periodistas profesionales o no.
Ambos coincidieron en la necesidad de tomar medidas preventivas concretas para proteger los derechos humanos de aquellos que se dedican a este ejercicio, especialmente de cara a las próximas elecciones. Ejemplos recientes, como el asesinato de un administrador de una página de contenidos en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, han evidenciado los riesgos a los que se enfrentan.
Otro caso preocupante es el asesinato del periodista y director del medio de comunicación Voces de Córdoba, Rafael Moreno, en Montelíbano, también en Córdoba. Para esta zona, se ha emitido la alerta temprana 054-19, que cubre Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.
De igual forma, el caso de las periodistas Vicky Dávila, Camila Zuluaga Suárez, María Jimena Duzán y Claudia Gurisatti, entre otras, que han sido víctimas de ataques en línea por sus posturas o contenidos en plataformas digitales.
Por todo esto y de cara a los comicios regionales que se celebrarán en octubre de este año, la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo sobre la ocurrencia de hechos violentos que puedan afectar las elecciones del próximo 29 de octubre. Desde la entrada en vigencia del Decreto 2124 en 2017, se han emitido más de 270 alertas tempranas.
Atendiendo las preocupaciones de los periodistas y comunicadores, expresadas a través de Fecolper, el defensor Carlos Camargo manifestó su compromiso con la importancia de la Delegada para la Protección de Derechos en Ambientes Digitales y la Libertad de Expresión, así como con el Sistema de Alertas Tempranas y el trabajo preventivo que se está realizando de cara a las elecciones.
“Por supuesto que acatamos su sugerencia (de Fecolper) de incluir a periodistas y comunicadores en los procesos de monitoreo de escenarios de riesgo. Empezaremos en zona de frontera, en el marco del proyecto de cooperación con el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad. Seguimos trabajando sin descanso por la protección de la libertad de expresión en todos los ámbitos”, aseguró Camargo Assis.
El inicio de esta articulación se llevará a cabo en las zonas fronterizas debido a que se han identificado riesgos de seguridad para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, especialmente en las regiones limítrofes entre Colombia y Ecuador, donde hay presencia de grupos armados de narcotráfico y flujos migratorios. “El objetivo es expandir y tener un impacto progresivo en todas las regiones del país”, puntualizó el defensor del Pueblo.
Corte Constitucional pide proteger a las periodistas
La Corte Constitucional emitió una sentencia histórica en favor de la libertad de expresión al reconocer la violencia que enfrentan a diario las periodistas mujeres en el ejercicio de su labor. En respuesta al caso presentado por reconocidas periodistas, entre ellas Vicky Dávila, Camila Zuluaga Suárez y María Jimena Duzán, la Corte falló a favor de sus demandas.
Las periodistas argumentaron que los ataques en línea son una forma de violencia de género que incluye contenido misógino y sexualizado. Estas agresiones se dirigen tanto a las profesionales de la comunicación como a sus familias, y amenazan su integridad física, salud y libertad de expresión. Además, señalaron que algunos actores políticos se benefician de estas estrategias de desinformación, amplificación e intimidación.
Las periodistas solicitaron al Consejo Nacional Electoral establecer mecanismos para centralizar las denuncias y canalizar las investigaciones sobre estos ataques, así como declarar la existencia de un patrón de agresiones digitales a mujeres periodistas en Colombia.
La Corte Constitucional respaldó en gran medida las demandas de las periodistas, reconociendo el patrón de discriminación y violencia digital que sufren las mujeres en el ejercicio de su profesión. Asimismo, la Corte recordó su jurisprudencia sobre el tema y citó informes internacionales que resaltan la necesidad de abordar la violencia de género en el ámbito digital.
Los magistrados concluyeron que la violencia contra las mujeres periodistas es un problema generalizado y una manifestación de la violencia contra las mujeres en general. Silenciar a las periodistas, especialmente a las mujeres, representa una tendencia a ocultar hechos y obstaculizar el diálogo racional en democracias con déficits y problemas no resueltos.
La decisión de la Corte Constitucional revierte la negación del amparo de derechos por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que argumentó la falta de evidencia de violencia en línea por parte de partidos políticos o sus afiliados.
Este fallo constituye un importante avance en la protección de la libertad de expresión y el reconocimiento de la violencia de género en el ámbito digital, sentando un precedente para futuras acciones legales y políticas encaminadas a garantizar un entorno seguro y equitativo para las periodistas mujeres.