A cinco días de realizarse las elecciones legislativas, Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, coautores de las curules de paz, denuncian que en varios municipios se vienen presentando atentados en contra de los derechos políticos y sociales, impidiendo así la democracia.

El coordinador de la Coalición de Centro señaló que varios aspirantes en Cesar y Tolima, se encuentran siendo apoyados por diferentes entes que han reprimido a las víctimas durante años; entre ellos se encuentran organizaciones armadas y ‘politiqueros’, quienes han manejado los territorios desde la fuerza bruta y la corrupción.

El peligro latente que se vive en estos sectores podría conllevar a que millones de personas sean despojadas de sus derechos y por ende, los municipios sigan siendo desangrados por ‘herederos políticos’ y ‘victimarios’, quienes inhiben un desarrollo social justo, violando así lo previsto en la Constitución y los Acuerdos de Paz.

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Rivera señaló que hasta el momento tienen información de dos casos donde no se está ratificando las garantías electorales:

“En el departamento del Cesar, un un candidato en estas circunscripción especial está recibiendo el apoyo de instituciones del Gobierno Nacional, y en el departamento del Tolima, un candidato al senado del Partido Conservador se baja de la tarima y en seguida se sube un candidato de la circunscripción especial que está siendo apoyado por él", indicó el abogado y ex veedor de Bogotá. 

Cabe señalar que estas acciones no solo incumplen con lo establecido en la Constitución Política, en donde se prohíbe este tipo de apoyos, sino que también revictimiza a las comunidades que buscan con las elecciones del domingo 13 de marzo, un cambio estructural.

Así mismo, señalaron que algunos candidatos que se inscribieron a las Circunscripciones Especiales para la Paz jamás recibieron el anticipo de financiación con el cual cuentan por ley, lo que no les permitió el desarrollo igualitario de su campaña electoral.

De igual forma, en su denuncia Cristo y Rivera solicitan la presencia de las Autoridades electorales, el Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y a la Misión de Verificación de la ONU, hacer presencia en estos puntos, como también a lo largo del territorio colombiano, para así evitar una violación en los derechos constitucionales.