El presidente Gustavo Petro convocó a manifestarse este 27 de septiembre en apoyo a las reformas sociales que impulsa desde su plan de gobierno. Sorprende que entidades gubernamentales se unieron para promocionar la marcha.
Las campañas de publicidad se dieron en internet, así como en horarios de alta audiencia en radio y televisión. En el medio público de RTVC se hizo convocatoria y la logística del evento.
SEMANA ha descubierto que en tres entidades gubernamentales se firmaron contratos con RTVC para comprar espacios publicitarios en medios de comunicación, apoyo logístico para eventos y creación de contenidos. Contratos que se dieron semanas antes de la marcha.
Se conoce que el Ministerio del Interior, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y el Ministerio de Cultura invirtieron más de 4.000 millones de pesos en publicidad en medios de comunicación.
Otras entidades
La Agencia para la reincorporación y la Normalización (ARN) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) contrataron a RTVC para producir contenido audiovisual y llevar a cabo eventos por un monto superior a los 18.000 millones de pesos.
La ARN a finales de agosto suscribió un contrato por 3.300 millones, que se destinó a la preproducción, producción, posproducción y emisión de programas institucionales. Del mismo se destinó 330 millones para recursos técnicos como sonido, tarimas, luces, pantallas y alimentación.
La ANT firmo un contrato por 15.000 millones de pesos con el medio público para “planificación, organización, operación y producción de eventos y actividades logísticas requeridas por las dependencias”. Esto se encuentra en investigación por los entes de control para revisar si se ha usado para dar implementos y comida para los marchantes.
Organizaciones que participaron
Las marchas también contaron con un gran número de comunidades indígenas, lideradas por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Sin embargo, lo que no se conocía era la magnitud de los multimillonarios contratos que estas comunidades han firmado durante la administración de Petro.
En total, recibirán un poco más de 118.000 millones de pesos para llevar a cabo proyectos enfocados en las comunidades étnicas. El Cric es el principal receptor de fondos, con acuerdos que suman casi 79.000 millones de pesos, mientras que la Onic tiene siete contratos por más de 39.000 millones.
El apoyo logístico para las marchas también fue proporcionado por centrales obreras. En el caso de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), un sector no oficialmente reconocido por la Confederación general del Trabajo (CGT) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CGT) fueron contratadas por el gobierno por más de 610 millones de pesos.
Mientras algunas entidades invitaban a sus empleados a participar voluntariamente, otras, como las adscritas al Ministerio de Minas y Energía, obligaban a sus colaboradores a asistir.
La Revista nacional ha obtenido denuncias documentadas de que el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE), hubo presiones repetidas para que los trabajadores se unieran a la manifestación, que para el sector de Minas y Energía comenzó en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía y Servicios Públicos, celebrada en la plaza central de la Universidad Nacional.
En uno de los mensajes, que ha sido compartido con SEMANA, se destacaba que la asistencia era de carácter ‘obligatorio’. Fueron citados a las 7:00 a.m. y se encontraron con personal de IPSE y de MinMinas verificando asistencia.
Algunas de estas fuentes anónimas describen haber sido tratadas como ‘ganado’ por ser formados para ocupar lugares en las marchas. Ya en los puntos se les entregó una camisa blanca y una gorra amarilla, desayuno y almuerzo.
En otras entidades, como el Departamento de Prosperidad Social, se optó por dejar las oficinas vacías, con teletrabajo como opción. Sin embargo, la convocatoria a las marchas se mantuvo como una invitación. Otras “invitaciones” para marchar se difundieron en el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Vivienda, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, entre otras.