Sigue siendo preocupante el panorama humanitario por cuenta de los efectos y fenómenos producto de siete conflictos armados no internacionales que persisten entre grupos ilegales tanto en zonas rurales como urbanas de Colombia.
Así lo reveló el más reciente reporte entregado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), quien detalló desde las cifras y la ubicación geográfica la compleja realidad tanto de seguridad como social en el país por cuenta del accionar de estructuras armadas que ejercen control sobre muchas poblaciones, especialmente de regiones como el sur, pacífico y nororiente colombianos.
Uno de los aspectos por los que el CICR expresó una mayor preocupación tiene que ver con el desplazamiento como consecuencia de las confrontaciones, que si bien disminuyó en relación con el mismo periodo de 2022, sigue siendo alto. De acuerdo con cifras entregadas por la entidad, entre enero y julio de 2023 un total de 26.915 personas se desplazaron de forma masiva y otras 34.212 lo hicieron de manera individual.
De este último total, casi 4.800 personas, que representan el 14 %, habitaban el departamento del Valle del Cauca, un porcentaje similar se presentó en el departamento de Nariño que encabezó el reporte de desplazamientos masivos con un 60 % de los registros. Cauca, Antioquia y Chocó son otros de los territorios que según el informe presentan graves afectaciones en este sentido.
“El balance muestra una vez más que es la población civil la que sufre las mayores consecuencias de los conflictos armados. Por esta razón, insistimos a los actores armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y consideren compromisos inclusive en las negociaciones y diálogos actuales que conlleven a una mayor cumplimiento de estos”, manifestó Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia.
Por otra parte, el CICR también indicó que la persistencia de las confrontaciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en distintas zonas han limitado la movilidad de varias comunidades, lo que restringe su acceso a alimento, salud y otros servicios básicos, afectando seriamente su calidad de vida. Según la entidad internacional, 22.755 personas se han visto afectadas por los confinamientos en lo corrido de 2023, un 22 % más que el año anterior.
En este indicador sin duda una de las realidades más difíciles se presenta en el departamento de Chocó donde las disputas territoriales entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la guerrilla del ELN han producido un poco más del 57 % de las víctimas totales por esta situación donde incluso organismos como la Defensoría del Pueblo y las alcaldías y personerías locales han denunciado ataques contra misiones humanitarias que pretenden acceder a los territorios para brindar atención.
En cuanto a los artefactos explosivos el CICR registró durante el primer semestre 162 víctimas de diferentes tipos de estos elementos, entre los que se encuentran minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y de detonación controlada. Nariño (38), Norte de Santander (38), Antioquia (34), Cauca (18) y Chocó (13) son los departamentos con más dificultades en este sentido.
“Entre las víctimas registradas, 27 fallecieron, mientras que las demás sobrevivieron con profundas secuelas físicas y psicológicas que permanecerán a lo largo de sus vidas. En estos hechos, destaca que la población civil sigue siendo la principal afectada: el 53 % de las víctimas reportadas corresponde a civiles”, detalló el CICR en su informe.
De igual manera, el reporte sirvió para evidenciar las graves consecuencias y el peligro latente que el conflicto sigue representado para la misión médica en el país, pues durante 2023 ya son 124 las agresiones que se contabilizan en contra de este personal, 38 % catalogadas como infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pues se presentaron en escenarios de confrontación que precisamente protegen a esta población.