Tras los allanamientos en los que la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional capturaron a 21 personas por someter a sus internos a torturas, surgió un nuevo inconveniente con esta población vulnerable: algunos están perdidos.
Un trabajador de estas fundaciones, que pidió reserva de su identidad, le contó a Vanguardia que en estos operativos varios pacientes con problemas psiquiátricos y de adicción salieron como si nada. Algunos han sido encontrados en centros hospitalarios. Sin embargo, otros siguen sin aparecer.
“En medio de los allanamientos, las autoridades abrieron las puertas y ellos salieron. La buena noticia es que algunos han decidido volver voluntariamente. Sin embargo, en otros casos, hemos tenido que comunicarnos con sus familias para avisar que ya no están bajo el cuidado de las fundaciones”, señaló un trabajador.
Familiares de pacientes oriundos de otras ciudades han decidido viajar a Bucaramanga para buscarlos. Este fue el caso de Belén María del Castillo, madre de un paciente psiquiátrico.
La mujer, presa del miedo por no encontrar a su familiar, inició una búsqueda por cada fundación hasta que encontró a su hijo en el Hospital Psiquiátrico San Camilo.
“Después de que me reportaron que ya no estaba en la fundación, viajé por los peligros que hay en la calle para ellos y lo encontré en ese hospital. Me dijeron que la Alcaldía de Bucaramanga lo había trasladado”, contó.
Por el momento, la Fiscalía General Seccional Bucaramanga no se ha pronunciado sobre esta situación. Se desconoce qué estrategias a favor de las víctimas fueron organizadas por las autoridades.
Macabros hallazgos
Ocho muertos y más de 500 víctimas dejaron las denominadas ‘Casas de Tortura’ en Bucaramanga, que fungían como fundaciones privadas que ofrecían servicios de atención a ciudadanos con problemas de adicción, en situación de calle o víctimas de abuso u otros problemas de índole psiquiátrica.
Durante tres años, la Fiscalía General de la Nación les siguió el rastro a ocho supuestos centros de rehabilitación ubicados en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón (Santander). En medio de la tarea investigativa, se descubrió que estas “corporaciones” hacían parte de una estructura delincuencial que tenía ‘tentáculos’ en otras ciudades, como Cartago en Valle del Cauca y Bogotá.
La seccional Santander de la Fiscalía, a través del CTI y con el apoyo del Ejército Nacional, logró judicializar a 21 personas que estaban vinculadas con estos actos de violencia y tortura que provocaron la muerte y el deterioro de la salud de varios pacientes.
En la audiencia de imputación de cargos, el Fiscal Tercero Especializado reveló los aterradores detalles sobre las crueldades que líderes y cuidadores cometían en contra de los internos. Su estancia en estos centros de rehabilitación era un completo infierno.