Autoridades locales de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribía en La Guajira presentaron un informe ante la Corte Constitucional para hacerle seguimiento a la sentencia T-302 de 2017 en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional. Con esto buscaban asegurar los derechos a la alimentación, salud y agua potable de la población.

“A la fecha han fallecido 39 niños. Nos acercamos a los 50 del 2018 y apenas vamos a mitad de año”, dijo el magistrado José Fernando Reyes Cuartas en una sesión de la Corte para hacerle seguimiento a las muertes por desnutrición.

Reyes aseguró que la actual situación debe ser tomada para actuar con rapidez y asegurarse de que no mueran más niños y niñas por la falta de alimentos o el difícil acceso al agua en esos municipios. Además, el magistrado señaló que si no se avanza en esta problemática, la sentencia se convertiría en “papel mojado” y otro fallo más que solo se coleccionaría.

A su vez, Javier Rojas Uriana, representante de las comunidades indígenas de Riohacha, Maicao, Uribía y Manaure, expresó que en el transcurso de esta semana han fallecido tres niños que estaban bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Rojas Uriana también denunció que desde la Corte hicieron una inspección en el territorio por la denuncia de la muerte de otros 13 niños. “Esta situación es de un exterminio físico y cultural silencioso”, comentó.

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Desde su perspectiva, explicó que tanto el Icbf como el Ministerio de Vivienda no los reconocen como “seres humanos y sujetos de derecho porque se oponen a un diálogo directo para la construcción de modelos propios para la atención de nuestras comunidades, sino que quieren seguir imponiendo la intermediación”.

Actualmente están recibiendo un carrotanque que lleva 10.000 litros de agua mensuales para 30 familias, lo que consideró que “no es suficiente para subsanar las necesidades”.

La directora del Icbf, Lina María Arbeláez, expresó que las autoridades sí reconocen a estas comunidades como sujetos de derechos y que los niños que estaban siendo atendidos sí estaban bajo el cuidado de la entidad.

“Nos tiene que doler los 39 niños que han muerto por causas conexas a la desnutrición. Quiero decir que nueve eran atendidos por servicios del ICBF, por operadores escogidos por autoridades Wayuu. Esto nos indica que tenemos que seguir trabajando de manera más ardua por garantizar que ningún niño o niña muera”.

Arbeláez dijo que el 32 % de los menores fallecidos eran menores de seis meses. Sin embargo, resaltó que las muertes se redujeron en un 45 % en La Guajira. “Esto no es aceptable y no es positivo, pero claramente es un avance”, concluyó.