Un macabro hallazgo presentado en las últimas horas en instalaciones militares del Valle de Aburrá tienen en máxima alerta a las autoridades de seguridad en la región. Esto por cuenta del asesinato de un soldado identificado como Grevil Rojas Cañaveral, que se encontraba en el Batallón de Ingenieros para el Combate N.°4 Pedro Nel Ospina, donde prestaba sus servicios, en el municipio de Bello, al norte de la región metropolitana de Medellín.
Las versiones preliminares sobre los hechos, que fueron confirmados por el comando de la Cuarta Brigada del Ejército, indican que el cadáver fue hallado por uno de sus compañeros que lo iba a revelar en su puesto de centinela y quien lo encontró tendido en el piso, ya sin signos vitales y con una profunda herida en el cuello.
La institución militar detalló además que el uniformado fallecido estaba sin su arma de dotación. Tras reportar el hallazgo, el comando superior dio la orden inmediata de iniciar las investigaciones que permitieran esclarecer lo sucedido y en determinado caso capturar al autor del presunto crimen.
Estas labores, según informaron, permitieron hallar cerca de allí su fusil y un arma blanca con la que al parecer se habría cometido el homicidio.
“Lamentamos profundamente este suceso y acompañamos a los familiares y amigos de nuestro soldado, a quienes enviamos un sentido mensaje de condolencias y solidaridad en estos momentos difíciles”, se lee en el comunicado de la Brigada desde donde además manifestaron que trabajan en “esclarecer las circunstancias, de tiempo, modo y lugar”.
Este es el segundo hecho noticioso que se presenta en menos de una semana en instalaciones de batallones adscritos al Cuarta brigada en el Valle de Aburrá luego de que en la tarde del pasado viernes labores propias de instrucción militar terminaran con la evacuación de un plantel educativo la centroriente de Medellín.
Gases lacrimógenos producto de una capacitación que se brindaba a uniformados del Batallón de Policía Militar No. 4 en el sector de Buenos Aires, terminó con la salida urgente de la zona de docentes y estudiantes de la Institución Educativa Merceditas Gómez Martínez.
“Este comando ofrece excusas a la comunidad del barrio Ciudad Bolívar, a la institución educativa, a los estudiantes y sus familiares. Así mismo, tomará todas las medidas administrativas correspondientes para que este tipo de sucesos no se vuelvan a presentar”, indicaron en un comunicado.
Organizaciones sociales rechazaron recientes pronunciamientos del Ejército
En varias zonas de Antioquia sigue siendo delicada la situación de seguridad por cuenta de confrontaciones y acciones de control que llevan a cabo grupos armados en disputa de territorios.
Esta realidad ha llevado no solo a que las comunidades queden en medio de las acciones violentas, sino que además sean instrumentalizadas con el fin de evitar la operatividad de la fuerza pública en las zonas en las que ejercen control.
La situación ha sido denunciada por parte de las autoridades militares y el más reciente caso se presentó en el Nordeste del departamento, donde según la denuncia del Ejército, comunidades rurales de zonas limítrofes entre Amalfi y Anorí se habrían movilizado para impedir un operativo en contra de minería ilegal.
“En el lugar se pudo evidenciar el daño irreversible que se le está haciendo al medio ambiente. Rechazamos que hayan colocado a estos niños como escudo para ellos seguir en el delito”, afirmó el coronel Gustavo José Gutiérrez Navarro, comandante de la Décima Cuarta Brigada, sobre los hechos presentados entre las veredas Los Toros y La Florida.
Ante estos señalamientos por parte de la institucionalidad, en los últimos días organizaciones sociales del departamento salieron al paso a estas declaraciones y además de aclarar lo que ocurrió durante la incursión de las autoridades en la zona, exigieron que las comunidades no sean estigmatizadas.
Según la versión de estas organizaciones, muchos niños de una institución educativa cercana a la mina a intervenir salieron preocupados en busca de sus padres tras ver la llegada de las tropas.
“Es importante que en declaraciones públicas cesen los señalamientos y estigmatización hacia la población civil, ya que expone a las comunidades en alto riesgo”, señalaron en su carta.