El próximo 20 de julio, día en el que se conmemora la independencia de Colombia, muchos colombianos tendrán la posibilidad de descansar, pero el presidente Gustavo Petro tendrá una apretada agenda que incluye viajes y discursos para el país.
En horas de la mañana, el mandatario asistirá a un desfile militar en la isla de San Andrés, desde donde aprovecharía para pronunciarse sobre la victoria de Colombia en el pleito con Nicaragua por la soberanía marítima en la zona cercana al archipiélago.
“En San Andrés iniciaremos la gran movilización nacional por la soberanía nacional el 20 de julio. Hemos vencido en el tribunal internacional, es hora de iniciar la gran confederación de los pueblos anglófonos del caribe”, dijo el Presidente en días recientes desde su cuenta oficial de Twitter.
La Presidencia de la República después explicó este mensaje, indicando que Petro quería estar en la isla el 20 de julio para, desde allí, “ratificar la soberanía del país con el fallo de la Haya”. Esto debido a que, como se recordará, el Mandatario no viajó finalmente a San Andrés para recibir la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el pasado jueves.
A pesar de que nunca se explicó por qué fue cancelado ese viaje, la intención ahora es conmemorar la independencia resaltando la soberanía nacional desde la isla.
Después de este evento, el presidente tendrá que volver a los aires para llegar a la capital del país antes de las 4 de la tarde, hora a la que se espera que esté en la sede del Congreso de la República.
Será el líder político de los colombianos quien instale el Parlamento para el segundo periodo legislativo, que empieza justamente cada 20 de julio.
La mayor relevancia al respecto es que el Gobierno no tardará mucho en radicar nuevamente los proyectos de reformas sociales que no prosperaron al cierre de la primera legislatura. A las reformas a la salud, las pensiones y el trabajo, ahora se sumará la de educación.
Lo que se conoce de la reforma a la educación superior del Gobierno Petro
La reforma a la educación superior, el cual busca reformar la Ley 30 de 1992, está a una semana de ser radicada. Y pese a esto, se conoce poco sobre el contenido de dicho proyecto, que empezó como intento de salvar financieramente a las universidades públicas de su déficit, y ahora, pretende una reforma integral que toque diferentes aspectos fundamentales del sector.
A pesar de conocer poco de dicha iniciativa, por medio de sus declaraciones, la ministra de Educación, Aurora Vergara, ha dejado en evidencia algunos de los puntos que han sido discutidos y que, al parecer, se incluirían en el documento que presentarán.
Además de la información que ha dejado ver la jefe de la cartera de Educación, están también lo que han revelado rectores y otros agentes del sector.
Entretanto, lo que hasta el momento se conoce de este proyecto, que buscar reformar la Ley 30, haciendo énfasis en las declaraciones que ha dado el Gobierno y lo se ha conocido en las reuniones estructurales sobre el texto, es:
Financiación de las universidades públicas
El financiamiento de las universidades públicas es uno de los puntos claves de la reforma, de hecho, fue el que la impulsó, ante el reclamo del movimiento estudiantil, profesores y rectores desde hace un tiempo.
Y es que en la actualidad, de acuerdo con los cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), las universidades públicas cuentan con un déficit presupuestal que se estima en $18 billones.
Esto se debe a que anualmente el aumento de los presupuestos que asigna el Gobierno a las universidades se tasan en el Índice de Precios al Consumidor (IPC, la inflación), como lo ha establecido la Ley 30 en los artículos 86 y 87.
No obstante, los gastos de las universidades suelen ser, en promedio, de un 5%, es decir, que si en un año la inflación fue del 3%, los costos universitarios se eleven a un 8%.
Todo esto ha generado complicaciones en la situación financiera en las universidades, que incluso, en muchas ocasiones, a mitad de año ya se han gastado toda la asignación presupuestal anual.
Para resolver esta delicada situación, lo que han propuesto los rectores, que además ya fue consignado en un proyecto de ley que se adelanta en el Congreso, es que la base presupuestal se aumente anualmente según el Índice de Costos Universitarios del Dane.