Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, expidiera un decreto en el que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira se está a la espera de que la Corte Constitucional decida su futuro.
Este decreto fue expedido el pasado 2 de julio y en este se ha querido priorizar los sectores de salud, agropecuario y rural, agua y saneamiento básico, medioambiental, educación, energía, transporte, tributos e inversiones, tecnologías de la información y comunicación, planeación y contratación, medidas presupuestales e inclusión.
Con estos sectores que fueron priorizados se espera enfrentar la crisis humanitaria, con el fin de mitigar los fenómenos climáticos de alto impacto que pueden registrarse en la región.
La decisión que deberá tomar la Corte Constitucional se da debido a que, al parecer, este documento estaría dando algunas facultades especiales al presidente Gustavo Petro sobre lo que pueda registrarse en esta región.
“Se advierte que la crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno nacional”, citó en su momento, un documento de la Procuraduría General de la Nación.
Esto quiere decir que el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira (1085 de 2023) es inconstitucional.
Además, el Ministerio Público agregó que si bien no se desconoce la gravedad de la crisis de acceso y cobertura de servicios básicos vitales en La Guajira, se ha considerado que esta problemática responde a factores estructurales.
Por consiguiente, se cree que las autoridades deben superarla a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno nacional.
“Este pronunciamiento se limita a retomar la doctrina que prohíbe la utilización expansiva de los poderes excepcionales de la emergencia para resolver problemas crónicos o estructurales, sin que ello quiera decir en modo alguno que éstos deban quedar huérfanos de consideración por parte de las autoridades”, puntualizó Margarita Cabello.
Se espera que durante este martes, 26 de septiembre, se realice una audiencia pública en donde se conozcan los argumentos del Gobierno nacional. Es importante mencionar que se dé conocer que los magistrados están divididos en su decisión, ya que hay quienes están a favor y otros en contra de este decreto.
La ponencia será transmitida a través de las redes sociales de la Corte Constitucional y la ponente será la magistrada Natalia Ángel Cabo.
Por su parte, Gustavo Petro ha defendido en otras oportunidades la importancia de que se dé el respaldo en esta emergencia económica en La Guajira ante la Corte Constitucional.
“La Guajira, en casi todos los sentidos, es más pobre, con más necesidades básicas insatisfechas desde décadas atrás. Tiene una agravante y es que por cultura su población Wayuu se dispersa del territorio, complicando las posibilidades de solución”, argumentó.
Además, Petro recordó que la tasa de mortalidad por desnutrición de los niños y niñas es 30 veces más alta en La Guajira que en el resto del país.
Junto a Corte Constitucional se tendrán en cuenta cuatro ejes temáticos, entre los que están el análisis de la situación en La Guajita; el examen del alcance y las consecuencias del cambio climático; las estrategias y acciones para mitigar los impactos de las emergencias ambientales y por último, la evaluación de la democracia y la gestión de estados de emergencia considerando la influencia de las olas de calor asociadas al fenómeno de El Niño.