El pasado martes el Comité Nacional del Paro anunció el cese temporal de las movilizaciones para dar paso a acciones políticas -como presentar proyectos de ley al Congreso- y educativas y culturales en los distintos municipios del país.

Al empezar a ver en perspectiva lo ocurrido con el estallido social, algunos analistas consideran que, además de las graves pérdidas de vidas humanas y económicas, las movilizaciones ocurridas en Colombia desde el 28 de abril también dejan consecuencias políticas, siendo una de las principales la reivindicación del orden y la seguridad como temas claves para la agenda que se discutirá de cara a las elecciones legislativas y presidenciales que se desarrollarán el próximo año.

Según especialistas consultados, el paro nacional también evidenció un incremento en el nivel de participación política y social de diversos sectores civiles del país, como contrapeso a la falta de respuestas rápidas y concretas por parte de varios mandatarios a las necesidades de sus gobernados y a la agudización de la crisis de credibilidad en las instituciones.

Desconfianza institucional

Un fenómeno que se agravó fue la poca capacidad de gobernabilidad, sumada a la baja confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Enfatiza el profesor Yaan Basset, se trató de una desconexión general: “El Congreso, los partidos, el Gobierno Nacional, los alcaldes, todos fueron criticados por su incapacidad de dialogar y atender las demandas que se expresaron”.

Dicho malestar, según el académico, despuntó en noviembre de 2019, pero se agravó en este paro. “Había esperanza con los alcaldes alternativos que acababan de ser elegidos en las grandes ciudades. Pero en el panorama en 2021 -pandemia y crisis social-, por el contrario, también ellos fueron blanco de críticas”, señala.

A ello se suma la poca representatividad que tiene el Comité del Paro, en palabras del profesor Andrés Segura, conformado por “sindicatos anacrónicos y desgastados”, que incluso reconocieron que no tienen vocería por los jóvenes de las denominadas Primera Línea.

Para la consultora Laura Herrera, esta desconexión hizo que aumentara un sentimiento de apatía y “orfandad” entre la gente, pues los líderes se demoraron en tomar decisiones por miedo a perder popularidad.

Impopularidad de los gobernantes

En las últimas encuestas de percepción ciudadana los gobernantes del país han sufrido caídas en su favorabilidad, lo que sería una consecuencia más de los hechos que rodearon la actual crisis política.

Según explica la consultora Laura Herrera, el estallido social que se vivió desnudó la falta de consensos de los mandatarios con la ciudadanía, algo que surgió por los malos manejos durante la pandemia y como respuesta a la polarización que causaron las estrategias de comunicación política de las pasadas campañas electorales.

“Cuando se generan ambientes tan negativos, la gente espera que lleguen los cambios que prometieron ante las situaciones que criticaron, lo más pronto posible; pero lo que sucede es que las transformaciones toman tiempo y lo que se produce son rápidas desilusiones y rupturas en la confianza, lo que empieza a golpear la popularidad, el respaldo y, por ende, dificulta la gobernabilidad. En comunicación se le llaman tácticas de efecto boomerang”, puntualiza la experta.

El profesor Segura recalca que será necesario analizar “con cabeza fría” los efectos del paro en las siguientes mediciones, para ver si el Presidente o los alcaldes recuperan favorabilidad. “Esto ratifica la desconexión del Establecimiento y sus líderes frente a las nuevas demandas de la ciudadanía, un fenómeno que es mundial”, anota.

Seguridad y orden, en la agenda electoral

De acuerdo con analistas, a causa de la anarquía que se vivió durante el estallido social, la seguridad y el orden volvieron a convertirse en temas claves para la agenda política de los actuales gobiernos -sin distingo de sus filiaciones políticas- y para el panorama electoral del 2022.

Andrés Segura, docente y consultor en asuntos públicos y crisis, señala que la duración extendida de la protesta dio “un nuevo aire a la derecha” que, si bien tal vez no le sirva para ganar nuevos adeptos, sí permitirá ratificar los que tiene y recuperar algunos votantes potenciales que se estaban acercando al centro.

“El desgaste al que le apostó el Gobierno Nacional -al esperar a que el cansancio y la zozobra por el desabastecimiento a causa de los bloqueos y el vandalismo se extendieran- le abrió la posibilidad de encontrar un enemigo claro: la protesta. Ahí, además, también hubo grupos ilegales que las autoridades relacionaron con la guerrilla, un enemigo cercano a la izquierda”, explica.

De su parte, Laura Herrera, experta en comunicación política, agrega que “Colombia es un país bastante conservador, con una historia de problemas de seguridad que nos han dejado la costumbre de priorizar la necesidad de imponer y pedir orden y seguridad”.

A su turno, el analista político Julián Peña recalca que todos los gobernantes deben propender constitucionalmente por el orden público y la seguridad de la ciudadanía, incluso los que han tenido una postura de apoyo o diálogo con los manifestantes. “Varios alcaldes se dedicaron fue a hacer politiquería, maltratando a la Fuerza Pública, porque era popular. Hoy en día se sienten maniatados entre sus propuestas y sus obligaciones constitucionales”, dice.

La profesora y consultora en comunicación política María Alejandra Arboleda agrega: “Quienes van a votar quizá van a escuchar más a quien hable de seguridad, reactivación y orden, que a alguien que les hable de reivindicaciones sociales”.

Más participación ciudadana

Dice el analista político Julián Peña que “la ciudadanía no está encontrando verdaderos líderes políticos que puedan unir al país y dar respuestas”, por lo que han surgido acciones de parte de muchos sectores de la sociedad civil como la academia, las ONG y los jóvenes de la llamada Primera Línea y la Unión de Resistencias de Cali, entre otros.
Pero, ¿hasta dónde va la participación política de estos grupos con los que ha estado dialogando la Alcaldía de Cali? ¿Es posible que se organicen como partido político?

Álvaro Benedetti, experto en desarrollo regional y profesor universitario, dice que no lo ve factible.

“No porque no arropen simpatía por parte de algún sector de opinión, sino porque, como también lo han hecho saber en varios pronunciamientos, sus luchas no son políticas sino sociales. De hecho, se han mostrado celosos de todo aquel que desde el Establecimiento quiera abanderar su causa. Al no contar con un liderazgo representativo fuerte, tal y como funcionan las reglas del sistema democrático, resultaría difícil que surjan espontáneamente figuras que tengan la capacidad de competir en elecciones legislativas”, recalca.

Con ello está de acuerdo el líder social Alfredo Mondragón, quien agrega que hay que tener en cuenta que “tanto los jóvenes de Primera Línea como esa mayoría de personas que salieron a este paro, que se expresaron, cargan un componente muy fuerte anti institucional, no los representan las organizaciones sociales ni los medios ni las instituciones del Estado”, por lo que no pasarían de proponerle al Congreso algunos proyectos de ley.

‘Triunfos’ de la protesta social

Una de las consecuencias políticas que deja el paro es que, efectivamente, validó la protesta social como un mecanismo para lograr cambios en el país, de acuerdo con analistas.

Yaan Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, sostiene que la protesta ha demostrado su legitimidad; sin embargo, indica que el balance sobre los beneficios e impactos negativos debe ser “matizado”, pues también surgieron ciertos “límites” que debe tener la movilización.

“Estos movimientos que terminan con estallidos de violencia no logran finalmente su cometido. Recordemos que la negociación entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro fracasó, entonces el Comité no obtuvo lo que quería. Estos movimientos son “exitosos” para cosas muy puntuales, como tumbar una reforma o un ministro, algo que concentre realmente la atención, pero no mucho para obtener cambios reales”, asegura.

A su turno, el docente y consultor en asuntos públicos y crisis Andrés Segura indica que la protesta tuvo logros como la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la caída de las reformas tributaria y a la salud, pero asevera que se había vuelto un juego sin salida, donde ni el Gobierno quería cumplir, ni a los del Comité les interesaba que les cumplieran para poder seguir en paro. “En este caso, nuevas organizaciones mostraron que la protesta, cuando es masiva, sí tiene impacto; pero que, cuando se sale de control, se sabe dónde empieza pero no dónde termina. Se lograron grandes cosas, pero en este caso, el vandalismo y la violencia le quitaron legitimidad”, explica.