Para nadie es un secreto que el sistema de salud de los colombianos se encuentra pasando por una crisis. Muestra de ello, es la caída de la reforma a la Salud y la intervención a las EPS Sanitas y Nueva EPS.
Desde su llegada a la presidencia, el mandatario nacional, Gustavo Petro, recibió el sistema de salud con grandes problemas financieros, esto, tras pasar uno de los más grandes retos: la pandemia del Covid-19. Sin embargo, esto tan solo fue el inicio de muchos problemas.
Petro, tras llegar al poder, puso en marcha una estrategia para darle un cambio al sistema bajo la premisa de que la salud se convirtió en un negocio que enriqueció a unos pocos y se volvió un nido de corrupción.
Para lograr esto, el mandatario nacional propuso eliminar las EPS, hacer giros a hospitales, clínicas y prestadores de servicios médicos y enfatizar la prevención. Tras un año de varias discusiones, el Gobierno decidió que las EPS fueran gestoras y dejaran de ser prestadoras.
La propuesta del mandatario era clara, presentó su reforma a la Salud al Congreso de la República; sin embargo, esta se hundió el pasado miércoles en medio de una polémica nacional.
Casi a la par del hundimiento de la reforma, la Superintendencia de Salud decidió intervenir dos de las prestadoras más grandes: Sanitas y la Nueva EPS, que suman juntas unos 16 millones de afiliados.
Por su parte, Compensar, con casi 3 millones de usuarios, pidió su liquidación voluntaria por la crisis económica y la incapacidad de prestar el servicio.
El Gobierno Petro tenía un objetivo: estatizar el sistema de salud, empezando por eliminar las EPS. Pero vino la derrota. En la Comisión Séptima del Senado tuvo nueve votos en contra y solo cinco a favor.
Tras conocerse esta decisión, Petro lanzó una fuerte advertencia: “lo que sería una transición tranquila, ahora será un golpe”.
Tras conocer estas declaraciones, el expresidente César Gaviria vaticinó de forma apocalíptica lo que esto significa. “Acá va a haber miles y miles de muertos por la manera en que Petro se está tomando el sistema de salud”.
La semana pasada, la Superintendencia de Salud intervino Sanitas. Quince funcionarios llegaron a la sede de la 109, con autopista norte, en Bogotá, y otros al despacho de su presidente, Juan Pablo Rueda, en la calle 100, a quien apartaron del cargo.
Frente a esto, Keralty, dueña de Sanitas, emitió un duro comunicado en el cual describió la operación como “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.
El miércoles, el Gobierno dio otro golpe. También intervino la Nueva EPS, en la que el Estado tiene el 50 por ciento y ya había puesto a Aldo Cadena como presidente. Petro justificó esa movida diciendo que había encontrado en la entidad “una falsa contabilidad”.
El jueves se especulaba sobre la intervención de Sura, pero hasta el momento, esto no ha ocurrido, teniendo en cuenta que sus indicadores son similares a las EPS que ya cayeron.
Sin embargo, Compensar, el viernes en la mañana, solicitó su liquidación de manera voluntaria afirmando que su situación era crítica: “al punto de no permitirle garantizar el servicio a sus afiliados en las condiciones de calidad y oportunidad”.
Tras la solicitud de Compensar, Gustavo Petro se pronunció y afirmó que “las sinceras declaraciones del gerente de Compensar simplemente nos dan la razón”.
De 51,5 millones de usuarios que tiene el sistema, 27.261.993 quedan a cargo del Gobierno Petro. Las cuentas de las EPS intervenidas y a la espera de liquidación son las siguientes: Asmet, 1.648.875; Emssanar, 1.794.206; Famisanar, 2.918.982: Nueva EPS, 11.294.814; Sanitas, 5.780.082; Savia, 1.672.446, y Compensar, 2.152.588. “Estamos en el principio del fin”, le dijo uno de los presidentes de estas EPS a Semana.
El Gobierno les cortó el flujo de recursos a las EPS. Por un lado, aumentó la UPC (el giro del Estado por paciente) en un 16 por ciento, pero por el Covid, los precios del dólar y la inflación, los expertos consideraron que debía ser del 24 por ciento.
Aldo Cadena, nombrado por el Gobierno como presidente de la Nueva EPS, les dio la razón a los críticos de la reforma y sostuvo que la UPC era insuficiente. Explicó que en 2023 esa entidad perdió 411.383 millones de pesos, lo que provocó que su patrimonio pasara de 480.000 millones de pesos a 73.000 millones de pesos.
El ministro de salud, Guillermo Jaramillo, aseguró que estaba de acuerdo con revisar la UPC, porque hoy en día “solamente las enfermedades crónicas de alto costo y huérfanas se están llevando el 20 por ciento de este presupuesto”.
Tras todo el revuelo que se está presentado por estos días en el país por el sistema de salud, quienes tienen el poder de tomar decisiones en estos momentos sobre el sistema deben ser conscientes de que lo que está en juego es la vida de más de 50 millones de colombianos.
Finalmente, los colombianos se encuentran a la espera de una respuesta clara por parte del Gobierno Nacional. Es urgente el consenso y una reforma sería que garantice el buen servicio y el acceso para todos los pacientes.