Bajo la regulación de la Ley 746 de 2002, en Colombia se han establecido diferentes medias de seguridad en cuanto a la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos.
Teniendo en cuenta las diferentes emergencias que se han registrado en el país, con algunas razas de perros consideradas potencialmente peligrosas, con estas regulaciones se evitan un posible daño.
Sin embargo, es importante resaltar que esto no implica que estas mascotas representen un peligro para sus propietarios o demás personas, solo se busca la prevención.
“La tenencia de ejemplares caninos en las viviendas urbanas y rurales requiere que las circunstancias de su alojamiento en el aspecto higiénico y sanitario, de alimentos y custodia, sean las adecuadas, y que no se produzca ninguna situación de peligro o incomodidad para los vecinos u otras personas en general, o para el propio animal”, cita la Ley 746 de 2002 artículo 108-A.
Entre las razas que están consideras como potencialmente peligrosas, se consideran de esta manera por su morfología, su carácter tendría relación con el proceso de crianza que haya recibido el animal.
Estas razas son el Dóberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastiín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De presa canario, Bullmastif, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Staffordshire Terrier y Tosa Japonés.
Cabe señalar que en el año en el que más se han registrado accidentes por perros que hacen parte de esta categoría fue en 2023. Las principales víctimas de estos ataques han sido los menores de edad e incluso otros animales, los cuales debido a la agresión han terminado en la muerte.
Además, se considerarán perros potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes características, las que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros y los que han sido adiestrados para el ataque y la defensa.
Es importante señalar que en caso tal de que los dueños de estas mascotas incumplan con este requerimiento, los habitantes y ciudadanos tienen la facultad de denunciarlos ante las actividades competentes.
En caso de que las autoridades constaten estas faltas, la mascota tendrá que ser incautada y el propietario tendrá multas económicas de mínimo 5 o hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Estas multas pueden ser por no utilizar correctamente la correa o el collar y, especialmente, por no emplear el bozal.
En caso tal de que se incurra en esta ley, se debe tener en cuenta que el perro debe ser llevado a las instalaciones de las perreras municipales. Cuando el dueño logre demostrar, en un lapso de 10 días, que cuenta con un collar, correa y un bozal apropiados y abone la deuda correspondiente, lo podrá recuperar.
Si esto no se completa en este tiempo, las autoridades de estos centros de bienestar animal considerarán que el animal ha sido abandonado y podría ser sometido a un proceso de eutanasia de acuerdo con la ley vigente.
Cabe señalar que el propietario de estas mascotas potencialmente peligroso asume la posición de garante de los riesgos que se puedan ocasionar por la sola tenencia de estos animales, por los perjuicios y las molestias que ocasione a las personas, a las cosas, a las vías, espacios públicos y al medio natural en general.
Es decir, que si se tiene bajo la responsabilidad una mascota de raza peligrosa o de manejo especial, debe brindarle una buena educación y socialización desde temprana edad, con el fin de que tenga un comportamiento adecuado al crecer y mantenga una buena conducta con las personas o animales externos. Además, los expertos y la ley resaltan que el uso del bozal es una herramienta esencial para prevenir tragedias y garantizar la seguridad.