La decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró la responsabilidad del Estado colombiano en el exterminio de la UP le costará al país unos 250 millones de pesos (50 mil dólares) por cada víctima directa y entre 46 y 138 millones de pesos (entre 10 mil y 30 mil dólares) por cada víctima indirecta.
El Estado colombiano continúa en el proceso de identificación de las víctimas, pero se calcula que son 676 víctimas directas y 761 indirectas.
Colprensa habló con Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), sobre la forma como el Estado colombiano cumplirá este fallo.
¿Qué implica esta decisión de declarar responsable a Colombia del exterminio de la Unión Patriótica?
Esto constituye un hito en la historia de Colombia con el fin de que hechos tan lamentables no vuelvan a ocurrir en nuestro territorio. Es decir, el respeto por el pensamiento político diferente y el respeto por quienes tienen una militancia política diversa de las mayorías. Por esa razón consideramos que esa sentencia marca un precedente importantísimo en nuestro estado colombiano y nos pone a todas las instituciones a cumplir un compromiso e informar a la Corte IDH sobre los avances allí establecidos.
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Esta sentencia parte de un punto fundamental de reconocer este exterminio y estos hechos sistemáticos que constituyen el genocidio de un partido político en Colombia y por esta razón ha sido considerado como de lesa humanidad. Hablar de genocidio, de exterminio, de conductas sistemáticas y de lesa humanidad es muy importante para el país, pues muchos años no se tuvo claridad sobre este tema y por esa razón la diferencia entre lo consagrado internamente en el código penal y las disposiciones internacionales sobre la materia”.
¿Cómo va a cumplir el país las medidas de reparación que le fueron impuestas en favor de las víctimas de la UP?
Hay una serie de medidas muy importantes relacionadas con la reparación de las víctimas que tantos años han estado pendientes de reconocimiento por parte del Estado. Estas medidas van desde la ley que fija la fecha para reconocer y conmemorar a las víctimas la UP. También encontramos medidas muy tradicionales como publicar la sentencia, pero aquí hay un plus muy importante y es lograr que se difunda como una medida de no repetición en las universidades públicas y allí se habla que 5 universidades tendrán a su cargo esta tarea tan importante de conocer y entender qué ocurrió en nuestro país para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
¿Tienen definido la cantidad de víctimas que serán indemnizadas por el exterminio de la UP?
En el anexo número 1, la Corte establece 676 víctimas directas y hace una diferencia respecto de víctimas indirectas que son alrededor de 761 personas. Pero recordemos, como la Corte se ha referido de manera muy clara y puntual a esa tarea de identificación y de acreditación de otras víctimas, que para el momento de la decisión de la Corte no aparecían identificadas, y es una tarea fundamental que debe realizarse en coordinación con todas las entidades. Todavía no tenemos unos resultados, pero en esa tarea está la JEP de poder acreditar a las víctimas y poder tener unas personas que puedan ser reconocidas dentro de esta sentencia.
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Es importante hacer todo un trabajo de coordinación que haremos desde la ANDJE para la búsqueda de las víctimas, continuar en esas tareas para lograr saber la verdad de lo ocurrido y también reparar a todas las víctimas de la UP que están en el territorio colombiano y en el exterior. La JEP, en cabeza del magistrado Gustavo Salazar, está ejecutando un trabajo en la búsqueda, ubicación y reconocimiento de las víctimas que no quedaron incluidas. Yo creo que es muy importante realizar estas mesas de coordinación para que también la Fiscalía General pueda contribuir a la búsqueda y la acreditación de las víctimas para que puedan ser partícipes de estas medidas de compensación.
¿Cuánto se estima que costarán las indemnizaciones?
Según la Corte, las 676 víctimas deben recibir alrededor de 55 mil dólares, pero, en relación con las víctimas indirectas, que hacen una distinción entre padres, madres e hijos, de 30 mil dólares, y para hermanos y hermanas 10 mil dólares. Estos son unos montos altos y siempre el estado tiene en el Ministerio de Hacienda los fondos para la reparación de víctimas y en este caso tan especial se tendrá que revisar y determinar estos valores y en que fechas podrán ser entregados a las víctimas como se han hecho en varios casos anteriores.
Es importante reiterar que allí los montos corresponden al histórico y los montos que define la corte en materia de compensación y me estoy refiriendo a unas cifras allí determinadas, pero esto no significa que sean únicamente esos montos, sino que es importante revisar esta parte a profundidad y presentarles a ustedes unas cifras posteriores, por ejemplo, las medidas de rehabilitación en relación con la atención en salud, física y mental también están allí referidas y, por lo tanto, esto significa una atención integral a las víctimas directas e indirectas.