De acuerdo al plan de Gobierno Nacional, para hacerle frente a la crisis que sufre el departamento de La Guajira, se elevará la factura de la luz para muchos ciudadanos. La idea es implementar una tarifa adicional, la cual fue llamada como ‘aporte para el departamento de La Guajira’ y que busca ser una ayuda a la situación humanitaria en esta parte del país.
Este cobro será, en un principio, por seis meses y lo deberán pagar los hogares de estratos 4, 5 y 6. El monto extra para los hogares será de 1.000 pesos y de 5.000 para los establecimientos comerciales.
“Por disposición del Gobierno Nacional, a través del decreto 1276 del 31 de julio de 2023, a partir de la facturación de septiembre de 2023, se dio inicio al cobro del aporte para soluciones energéticas en el departamento de La Guajira”, explicó la empresa Enel.
De acuerdo al plan, la recaudación del dinero servirá para disponer de recursos para la energización de la zona rural y no interconectada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en el departamento de la Guajira. Con esto, se espera conseguir un momento de 51.000 millones de pesos.
Según el decreto, “a partir del estrato 4, los valores promedio a pagar son superiores a $100.000, de manera que se tienen usuarios con una capacidad de pago que permite generar un aporte en el valor a pagar de cada factura que no afecte de manera sustancial su condición de pago”.
¿Quiénes no pagarán esta tarifa adicional en el recibo de luz?
El Gobierno definió que las personas que no tendrán que pagar este recargo serán las de aquellos hogares y establecimientos comerciales ubicados en los estratos 1, 2 y 3, así como los que están catalogados como Sisbén vulnerables con bajos recursos.
Cada empresa de energía del país deberá garantizar el cobro obligatorio en los estratos más altos a partir de septiembre y hasta comienzos del 2024 hasta completar seis meses. Vale recordar que este cobro extra tiene un carácter contributivo, por lo cual no podrá ser diferido o separado de la factura de la energía.
Corte Constitucional definirá la validez del estado de emergencia de La Guajira
La Corte Constitucional decidirá el futuro del decreto que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, expedido por el presidente Gustavo Petro. Este fue dado a conocer el pasado 2 de julio y en el cual se busca priorizar los sectores de salud, agropecuario y rural, agua y saneamiento básico, medioambiental, educación, energía, transporte, tributos e inversiones, tecnologías de la información y comunicación, planeación y contratación, medidas presupuestales e inclusión.
La decisión que deberá tomar la Corte Constitucional se da debido a que, al parecer, este documento estaría dando algunas facultades especiales al presidente Gustavo Petro sobre lo que pueda registrarse en esta región.
“Se advierte que la crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno nacional”, citó en su momento, un documento de la Procuraduría General de la Nación.
Esto infiere que aquel decreto 1085 de 2023 sería inconstitucional. De acuerdo con el Ministerio Público, si bien no se desconoce la situación crítica que vive este departamento en cuanto a la dificultad del acceso y cobertura de servicios básicos, se ha considerado que esta problemática responde a factores estructurales.