La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, acogió el concepto de la Procuraduría General de la Nación que señala a las Farc de incurrir en el crimen de lesa humanidad de esclavitud y obligar a los secuestrados a realizar trabajos forzados, lo cual hacía parte de la política de secuestro del grupo guerrillero.
La entidad documentó más de 70 casos de secuestros en los que las víctimas eran comercializadas según sus capacidades y/o penalizadas mediante la realización de diversas actividades forzadas, siendo los campesinos y transportadores los más afectados.
Según la Procuraduría, los privados de la libertad fueron obligados a transportar a sus captores y realizar actividades agrícolas a manera de castigo. Además, las víctimas de estos hechos solían tener un 'precio' con el que eran comercializados con la delincuencia común.
El Ministerio Público realizó estas observaciones en el marco del macrocaso 01 de la JEP, denominado como 'Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad'.
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Los excombatientes de las Farc tendrán 10 días hábiles para reconocer o negar este crimen frente a la Sala de Verdad de la JEP.
La Procuraduría señaló que "Esta es la primera vez que se imputa este tipo de actos como parte de un patrón generalizado y sistemático de ataques dirigidos en contra de la población civil, cometidos por parte de las ex-Farc".
La Procuraduría General de la Nación compartió el comunicado oficial mediante su cuenta de Twitter: