El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que se declaró impedido en el marco de una de las investigaciones que cursan en contra de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody, por el caso Odebrecht.
Se trata de un nuevo proceso en contra de las exministras, que se derivó de una denuncia, y que llegó el juevesspacho: “este es el primer caso, de las 18 investigaciones, que entra para el conocimiento del Fiscal”.
“En el día de hoy me he declarado impedido”, dijo Martínez, al señalar que envió a la Corte Suprema de Justicia esa decisión para la última palabra al respecto.
Esto, ya que como abogado consulto en el 2012 emitió un concepto jurídico sobre la vía Ocaña y Gamarra para establecer si era viable que la concesionaria Ruta del Sol II suscribiera una adición para la elaboración de ingeniería de la vía Ocaña-Gamarra.
“Llamo la atención que se refiere a la ingeniera del proyecto, no a la construcción de la vía”, señaló Martínez.
En dicho concepto, el entonces abogado Martínez dijo que la Concesionaria Ruta del Sol SAS no estaba llamada a ser la constructora de la vía Ocaña-Aguas Claras-Gamarra-Puerto Acapulco y que dicha obra debía hacerse mediante licitación “respetando los principios de libre concurrencia y de igualdad entre los proponentes”.
Imputaciones
El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció nuevas imputaciones de cargos, en el marco de las investigaciones que se adelantan por el escándalo de sobornos de la firma brasileña Odebrecht.
En primer lugar se solicitó audiencia de imputación de cargos en contra de Marcela Ferrán, Mónica Santamaría y Hernando Gómez Vargas, por el delito de administración desleal, con ocasión del crédito de 120.000 millones que el Banco Agrario entregó, al parecer de manera irregular, a Navelena S.A.S., en donde tiene participación Odebrecht.
Ferrán fue vicepresidenta de crédito y cartera del Banco, mientras que Gómez Vargas es el vicepresidente jurídico y Santamaría es la vicepresidenta comercial del Banco Agrario.
La Fiscalía General de la Nación también anunció que solicitó audiencia de imputación de cargos en contra de Juan Sebastián Correa Echeverri, funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
La audiencia respectiva está programada para el viernes 12 de mayo y allí se le imputarán los delitos de tráfico de influencias y utilización indebida de información privilegiada.
Correa rindió interrogatorio el pasado 20 de febrero y deberá responder por las irregularidades que rodearon el pago de 4,6 millones de dólares por parte de Odebrecht al exsenador Otto Nicolás Bula, para que presuntamente hiciera ‘lobby’ en el Congreso y obtener contratos de infraaestructura en el país.
Eduardo Gishays y Gabreil García
Martínez anunció que se solicitó igualmente audiencia de imputación en contra del señor Eduardo Gishays Manzur, por el delito de lavado de activos, en el caso del soborno por 6,5 millones de dólares para la adjudicación de la Ruta del Sol II que, según la entidad, recibió el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales.
En este caso, García Morales habría contactado a los hermanos Enrique José Ghisays Manzur y Eduardo Ghisays Manzur, quienes crearon una sociedad en Panamá (Lurion Trading Inc.), en la que se depositó el dinero del soborno, a través de una cuenta abierta en Andorra.
Lurion Trading compró acciones de la empresa Pacific Infrastructure, a través de transacciones realizadas desde Estados Unidos. Igualmente, con el dinero proveniente de los sobornos de Odebrecht, los hermanos Ghisays invirtieron en la firma Oil & Gas Logistic Inc., domiciliada en Panamá.
Por este caso fueron enviados a la cárcel el ex viceministro García, y el empresario cartagenero Enrique José Ghisays Manzur.
El fiscal Martínez anunció que el próximo 5 de mayo se realizará la audiencia de individualización de pena y sentencia en contra de Enrique José Ghisays.
Igualmente, indicó que el próximo 8 de mayo se realizará la audiencia de individualización de pena y sentencia en contra del exviceministro García Morales, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación.
Martínez anunció que “en el marco de su colaboración con la Fiscalía, el señor García Morales reintegrará al Estado colombiano bienes por la suma superior a los 6200 millones de pesos”.