La Fiscalía General de la Nación anunció este martes 30 de enero que solicitará medida de aseguramiento contra Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. “La Fiscalía está pronta a imputar otros delitos y solicitar medida de aseguramiento en contra del señor Nicolás Fernando Petro Burgos”, dijo el fiscal a cargo del caso.
La decisión del fiscal Mario Andrés Burgos se conoció durante la audiencia en la que un juez decidirá si avala el principio de oportunidad acordado entre Day Vásquez, la expareja de Nicolás Petro, y el ente acusador.
Nicolás Petro ha sido formalmente acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sin embargo, ahora la Fiscalía le imputaría otros cuatros cargos: peculado por apropiación interviniente, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y celebración de contratos sin lleno de requisitos.
Petro actualmente tiene medida de aseguramiento no privativa de la libertad, pero la solicitud de medida de aseguramiento del ente acusador podría llevarlo a detención domiciliaria o, incluso, a la cárcel.
El pasado 11 de enero, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Nicolás Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, los cuales habría cometido mientras fue diputado del Atlántico y una ficha clave del Pacto Histórico en el caribe.
El primogénito de la familia presidencial intentó colaborar con la justicia en agosto, cuando, luego de ser capturado, el fiscal Mario Burgos le señaló cuáles eran los hechos jurídicamente relevantes mientras estuvo detenido en el búnker de la Fiscalía de Bogotá junto a su expareja y principal testigo en contra, Daysuris Vásquez Castro.
Sin embargo, ahora niega todo lo que en su momento admitió. En la audiencia de acusación, la defensa intentó argumentar que la imputación del año pasado debía ser anulada por supuestas fallas de la Fiscalía al no explicar un nexo que relacionara la posición de Nicolás Petro como funcionario público y el presunto enriquecimiento ilícito.
Esa postura fue rechazada por el fiscal Burgos, la procuradora Margarita Salas y, el juez Hugo Carbonó. Para el fiscal y la delegada del Ministerio Público, la única labor de la Fiscalía es probar que Petro tuvo más dinero en sus arcas del que oficialmente debería. Para el juez, esta no es la etapa procesal para tumbar una imputación.
La tesis de la Fiscalía es que puede demostrar que Petro incrementó ilegalmente su patrimonio, pues tuvo compras extravagantes por valores que superaban sus ingresos como miembro de la Asamblea, las cuales permitirían demostrar, a su vez, el delito de lavado de activos.
El fiscal Mario Burgos remarcó que Nicolás Petro tuvo un incremento de más de $1.053 mil millones de pesos. Esa cifra, según el ente acusador, “no es producto de su labor como diputado”. “Al no haber reportado otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, esto es un incremento injustificado”, señaló.