La Fiscalía General de la Nación le pidió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia investigar a ocho congresistas, entre ellos tres oficialistas, por supuestamente favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en un contrato de estabilidad jurídica en 2012 y en una adición de otro.
Los senadores son Armando Benedetti, Musa Besaile, Sandra Villadiego y Bernardo Miguel Elías Vidal, del Partido de la U, así como Martín Morales, quien fue suspendido de esa agrupación.
Además, son investigados Antonio Guerra de la Espriella, del partido Cambio Radical; Álvaro Ashton, del partido Liberal, y el representante a la Cámara Alfredo "Ape" Cuello, del partido Conservador.
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"La modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas, mediante comisiones de éxito, para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht", señaló la Fiscalía en un comunicado.
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La vicefiscal, María Paulina Riveros, dijo que se recabaron elementos probatorios según los cuales los directivos de Odebrecht en el país, con la ayuda del detenido exsenador Otto Bula, lograron el apoyo de varios congresistas para que la sociedad concesionaria Ruta del Sol, de la que hacía parte la brasileña, obtuviera un contrato de estabilidad jurídica a más tardar el 31 de diciembre de 2012.
Dicho documento garantizaba que no se cambiaran las condiciones de los impuestos para la concesionaria mientras se discutía en el país la reforma tributaria.
Ese grupo de parlamentarios fue denominado por parte de los funcionarios brasileños "Los Buldozer", en alusión a una característica de esa conocida maquinaria pesada.
Además, la Fiscalía indicó que Odebrecht habría pagado 50.000 millones de pesos (unos 16,5 millones de dólares) para la adición del contrato Ocaña-Gamarra.
Desde diciembre de 2016, cuando estalló el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia, la Fiscalía ha vinculado a 41 personas en las investigaciones, de las cuales 26 tienen imputación de cargos.
También hay dos condenados, los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, y dos más están pendientes por recibir sentencia.
La Fiscalía asegura que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 28,35 millones de dólares) y no 11,1 millones de dólares (unos 21.550 millones de pesos de la época), como indicó el Departamento de Justicia de EE.UU. en diciembre del año pasado.