La Fiscalía General de la Nación respondió a las dudas que ha generado las nuevas directrices dadas desde presidencia sobre el papel del ente acusador frente a la protesta social y al derecho a manifestarse pacíficamente con la divulgación de la directiva que establece criterios y procedimientos claros para la investigación y judicialización de delitos ocurridos durante las movilizaciones.
El documento de 25 páginas, firmado por la fiscal Luz Adriana Camargo, busca garantizar una separación precisa entre la protesta pacífica y las conductas delictivas, incorporando la normativa vigente y las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)y las guías de Naciones Unidas.
Su objetivo es diferenciar entre las acciones legítimas de protesta y las conductas delictivas, asegurando que las investigaciones se realicen con rigor y sin prejuicios.
La Directiva 0001 de 2024 especifica los derechos y deberes de quienes participan en las protestas pacíficas, así como los límites y las acciones permitidas. También define las competencias de los funcionarios encargados de investigar y procesar los delitos relacionados con las manifestaciones.
“Se trata de una herramienta para las y los funcionarios de la entidad en la que se precisa el alcance de los derechos y deberes de quienes convocan y participan en la protesta social pacífica, los escenarios y acciones permitidas, las competencias de los funcionarios y la manera de abordar los hechos delictivos cometidos durante las movilizaciones”, aclaró la entidad en un comunicado.
La Fiscalía subrayó que, mientras se protege el derecho constitucional a la protesta, se debe garantizar que los actos delictivos, como daños a la propiedad y violencia contra funcionarios, sean tratados con seriedad.
El nuevo documento sustituye a la resolución 002 del 4 de junio de 2021, que fue emitida en medio de las protestas sociales del año anterior.
La directiva actual busca consolidar un marco legal más claro, evitando la criminalización de la protesta pacífica y asegurando una respuesta adecuada a los delitos que puedan ocurrir durante las manifestaciones.
Con información de Colprensa.