La Procuraduría General de la Nación formuló este lunes pliego de cargos contra el intendente Óscar Eduardo Hernández y el patrullero Pablo Alberto Montero Sanjuan de la Policía de Urabá, tras determinar que realizaron acuerdos con el grupo criminal Clan del Golfo, a cambio de beneficios económicos.
El Ministerio Público estableció que Hernández, apoyado en su cargo y funciones, inició un acuerdo con miembros del Clan del Golfo, subestructura “Carlos Vásquez”, para entregar periódicamente información sobre la presencia de la fuerza pública en la zona y operativos contra éstos.
Por otro lado, Montero, durante su desempeño como secretario de la subestación de Policía en Pavarandó, municipio de Mutatá, habría participado en esta red de corrupción al colaborar indirectamente en los acuerdos promovidos por Hernández.
Según los registros, entre el 10 de marzo de 2018 y el 1 de junio de 2019, Montero recibió beneficios económicos y otras ventajas a cambio de no interferir en las actividades delictivas del Clan del Golfo en la zona bajo su jurisdicción. Estos hechos fueron investigados y documentados por las autoridades competentes hasta el momento de su captura el 22 de mayo de 2020.
La Procuraduría inició formalmente el proceso disciplinario contra los uniformados, subrayando la gravedad de los delitos imputados y la necesidad de esclarecer completamente cualquier complicidad con grupos ilegales que amenacen la seguridad y el orden público en el país.
*Con información de Colprensa.