Pese al anuncio de diálogos y voluntad de paz por parte de varios grupos ilegales en el país, en muchas regiones sigue siendo persistente el accionar de estas estructuras que continúan ejerciendo actividades ilícitas, algo que preocupa de cara a los comicios electorales del mes de octubre.
Las próximas elecciones regionales generan inquietud de forma especial en aquellos territorios abandonados por las antiguas Farc y que el Estado no ha copado no solo con el aumento de pie de fuerza, sino con oferta institucional.
En medio de este panorama de incertidumbre, en las últimas horas se conoció un nuevo pronunciamiento de cuatro puntos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, más conocido como Clan del Golfo, en el que expresan su respeto y respaldo a los procesos democráticos, antes y durante las elecciones del 29 de octubre.
El grupo armado ilegal con incidencia en buena parte del territorio nacional manifestó que garantizarán la movilidad “de todos los candidatos de todas las ideologías” en las zonas que hacen presencia.
También, que los candidatos podrán llegar a los territorios para exponer sus propuestas y desarrollar sus campañas sin temor a situaciones como secuestros, extorsiones ni amenazas.
No obstante, un fragmento particular de la carta lo marca “la extrañeza” que el grupo ilegal dice percibir ante las recientes declaraciones del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria frente a presuntas acciones ilegales que estarían llevando en algunas zonas del departamento.
Desde la Federación Nacional de Departamentos y en especial desde su Comisión de Paz, Gaviria ha sido crítico del accionar de los grupos ilegales en todo el país, pero también del Gobierno nacional en cuanto a la puesta en marcha de la denominada Paz Total como un camino para desarticular y desarmar a estas estructuras.
El mandatario seccional en diferentes escenarios ha sido enfático en la necesidad de corregir algunos vacíos del proceso de acercamiento y diálogo que se está llevando a cabo y justamente de los cuales, según él, se están aprovechando los ilegales para continuar en la expansión de actividades de las cuales reciben millonarias cifras como la extorsión y la minería ilegal.
“No es un índice de éxito de procesos el hecho de arrancar muchos simultáneamente. Lo importante no es arrancar muchos, sino ir avanzando positivamente en varios y ojalá ir terminándolos. Por el contrario, se están empezando nuevos diálogos cuando los iniciados muestran falencias”, dijo el gobernador Gaviria sobre las ambiciones en esta materia mostradas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y delegadas en el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
Frente a recientes hechos en el caso específico de Antioquia, en los últimos días han preocupado supuestos retenes ilegales que las AGC habrían instalado muy cerca del área urbana del municipio de Segovia, al Nordeste del departamento, donde estarían impidiendo el abastecimiento de alimentos y combustible.
“Nos encontramos en el territorio para garantizar la seguridad y libre movilidad. Se ha dispuesto de unidades militares para hacer un control efectivo”, dijo Ferney Ospina García, oficial de Operaciones del Batallón Especial Energético y Vial No. 8 acerca de la presencia de la fuerza pública en el territorio tras las denuncias presentadas por las comunidades de las veredas El Diamante y Río Bagre.
A estos casos se suman los reportes sobre el incremento en el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados en municipios como Yarumal, al Norte, donde ya se han conocido actividades de adoctrinamiento desarrolladas en instituciones educativas rurales.
Más recientemente, y aunque las AGC señalaron en su pronunciamiento que “con falsas acusaciones no se consolida un liderazgo nacional, Aníbal Gaviria reveló que ya puso en conocimiento de las autoridades algunas acciones que estos grupos estarían adelantando de cara a las elecciones de octubre en zonas rurales del Norte del departamento, específicamente en el municipio de Angostura, donde estarían carnetizando a la población en una especie de empadronamiento que les permitiría ejercer mayor control social.
Aunque Gaviria aseguró que aún está a la espera de recabar mayor información, habló de las altas probabilidades de que estas prácticas sean ciertas y que se estarían complementando con la instalación de rejas o portones para controlar la movilidad en estos mismos lugares.
“Tenemos algunas denuncias. Seguramente esas denuncias se convertirán en hechos reales, como pasó en su momento con el tema del reclutamiento de menores”, concluyó el mandatario seccional.